Columnistas de La Guajira

Luis Colmenares Rodríguez

Columna: Opinión

e-mail: luisalonso.colmenares@gmail.com

A nadie sorprende que Otty Patiño, Iván Cepeda y María José Pizarro integren la comisión negociadora del gobierno, sabiendo que se trata de personas con las cuales esa guerrilla comparte ideología, o tienen los mismos ideales de justicia social que siempre han pregonado, independiente de que el accionar violento del grupo guerrillero haya demostrado otra cosa.

El gobierno nacional expidió el decreto 2113 para declarar la situación de desastre en todo el territorio nacional por el término de doce meses, con base en las facultas previstas en la Ley 1523 que adoptó la política de gestión del riesgo de desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

La misión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) es la de “ser un gestor de activos técnico y transparente, con conocimiento del negocio, orientado a la productividad y rentabilidad, que genera recursos para la financiación y desarrollo de políticas públicas.” Muy bonito, pero todo eso es un decir porque ni lo uno ni lo otro ni ninguno, en la práctica eso es letra muerta y esa misión nunca se ha cumplido.

“Acuerdo para la materialización de la paz territorial”, es el título del documento suscrito la semana pasada entre el Gobierno y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) para comprar tres millones de hectáreas de tierra que serán entregadas a campesinos, comunidades indígenas y afros. Este Acuerdo si es un verdadero Pacto Histórico.

La gasolina y el diésel no solo son combustibles de los vehículos automotores, sino que también son combustibles de la economía, en la medida en que cualquier cosa que le pase a la gasolina y al diésel se convierte en un efecto multiplicador para toda la economía, por consecuencia de los efectos que también tienen en la sociedad en general. Y no es un problema exclusivo de Colombia.

Nadie duda de la importancia que tiene recuperar el Estado para la gente y fortalecerlo para que en efecto cumpla con los fines y finalidades que están previstos en la Constitución, sobretodo para sacarlo del lugar al que lo han llevado los privilegios, la politiquería y la corrupción. 

La rendición de cuentas a la comunidad no es un acto de simple convocatoria para que se reúnan en un salón y escuchen un discurso del gobernador. 

En el debate electoral todo candidato es de un partido, movimiento o número significativo de ciudadanos; pero una vez elegido se debe a toda la Nación para desarrollar la gestión que le corresponda, sin distingos de ideología, raza, género, capacidad económica o cualquier otra categoría. 

Cuando se conocen los temas en los cuales tiene interés el nuevo gobierno del presidente electo Gustavo Petro se concluye que prácticamente se va a reconstruir todo el Estado: Reforma Tributaria, revisión del Presupuesto General de la Nación 2023, reforma política, reforma rural integral, revisión normativa para lograr la paz total, creación del Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia, separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, creación del Ministerio de la Igualdad, reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral, reforma a la justicia, reforma al Congreso, eliminación de la Procuraduría. En fin.

De nuevo en la realidad nacional, y en mi caso después de haber compartido con amigos que me invitaron a San Pelayo (Córdoba) para celebrar sus fiestas del Festival Nacional del Porro, el primero después de la pandemia.

El candidato es de un partido, movimiento político o número significativo de ciudadanos que avala su inscripción. Pero, una vez elegido, gobernará para todos sin distinción de ninguna naturaleza.

 

Con esta columna completo una trilogía en las que me he referido a los resultados electorales. Ya solo queda esta semana para tomar una decisión respecto a la elección del próximo presidente que gobernará hasta el 6 de agosto de 2026.

 

En marzo los partidos de la coalición Equipo por Colombia obtuvieron más de 200 mil votos en La Guajira, y en mayo la misma coalición redujo la votación a 45.779.

Apreciado Senador Deluque me da mucho gusto saludarlo. Al mismo tiempo le ruego a DIOS que lo siga bendiciendo con fortaleza, sabiduría y perseverancia para tomar las mejores decisiones en el camino de liderar las luchas que ayuden a resolver los problemas de los guajiros, nuestros paisanos.

No hay esperanzas para que un departamento supere la pobreza si sus dirigentes políticos y gobernantes tienen como prioridad mejorar la señal de teléfonos celulares o servir de sede para la próxima cumbre de gobernadores.

El agua ha sido la principal carencia para los guajiros, y eso parece que no lo entienden los congresistas recién elegidos porque están haciendo alarde es de sus gestiones para mejorar la señal de telefonía celular.

La innovación es un proceso relacionado con el desarrollo de las ideas, para crear cosas nuevas o mejorar las que existan, en beneficio de la humanidad.
Para Laura Pabón, subdirectora de Prospectiva y Desarrollo del DNP “la innovación es un elemento clave que contribuye al aumento de la competitividad de la economía, pero también al desarrollo, al bienestar y la calidad de vida de la población”.

Un hecho significativo de los muchos que observé, a partir de los resultados electorales del domingo pasado, fue la ausencia del gremio de los contadores públicos, o lo que hemos llamado “la comunidad contable”. 

La publicidad política hace costosa la democracia. Cada cuatro años es el mismo debate sobre el tema. ¿Cuánto cuesta una campaña al Congreso? 

Cuando fue redactada y aprobada la Constitución Política en 1991 los colombianos experimentamos un sentimiento generalizado, con la esperanza de un mejor país. Un país en equidad, con igualdad de derechos, pero sobre todo con separación de poderes entre las tres ramas de poder público. No hay duda de que, desde entonces, el país ha tenido avances en materia de derechos ciudadanos.

El rol del contador público en Colombia frente a la Dian ha ido escalando a una especie de “desafío” debido al papel que deben cumplir los profesionales contables en el país, con base en las responsabilidades legales que se le han ido asignando. 

La justicia que Colombia se merece no es la de los privilegios de los magistrados, ni la de los expedientes que duermen en los estantes de los despachos judiciales, pero tampoco la de las vedettes judiciales en los medios de comunicación afirmando sin empacho que pueden resolver los casos en “20 días”. 

Las últimas declaraciones del Fiscal Barbosa son la prueba contundente de que en Colombia la justicia está guiada por un criterio selectivo. No es posible que tengamos que escuchar frases ofensivas del Fiscal General de la Nación vanagloriándose de lo que debe ser la regla y no la excepción. “Caso Colmenares se pudo resolver en 20 días si se hubiera investigado como el de Mauricio Leal: Fiscal”.  

El país está sumergido en una decepción histórica de lo que tiene que ver con la justicia.