BOGOTÁ AP La Procuraduría anunció el lunes la formulación de cargos por faltas disciplinarias al actual Secretario General de la presidencia y a ocho ex funcionarios por un escándalo de interceptaciones telefónicas ilegales que ya tiene en prisión a varios ex directivos de la Policía secreta.
La decisión de la Procuraduría es sólo de carácter disciplinario, no penal, y en caso de encontrarlos culpables, la sanción podría ser la destitución del cargo y una eventual prohibición de ocupar cargos públicos por un número de años a determinar por el procurador general, Alejandro Ordóñez.
Entre los investigados están Bernardo Moreno, actual secretario general de la presidencia, quien según explicó el procurador Ordóñez debe responder por haberse "extralimitado en sus funciones" al solicitar a la Policía secreta y a una unidad de análisis del Ministerio de Hacienda informes reservados sobre los movimientos bancarios de un empresario con presuntos lazos a magistrados de la Corte Suprema. Según los resultados de la investigación realizada por la Procuraduría, dijo esa oficina en un comunicado, "al parecer (Moreno) se extralimitó en sus funciones al realizar el día 24 de abril de 2008 una reunión en la Casa de Nariño (sede de gobierno) con funcionarios del DAS y de la UIAF (Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero) con el fin de enterarse sobre información reservada" como es la relativa a movimientos bancarios de una persona.
La Procuraduría no dio detalles sobre los fines que habría tenido el secretario general para pedir esos datos bancarios. En un comunicado leído ante reporteros en la casa de gobierno, Moreno destacó que la decisión de la Procuraduría era por esa presunta extralimitación de funciones al pedir datos bancarios reservados y no por las interceptaciones ilegales, caso por el que además destacó que el Ministerio Público, en el mismo fallo conocido en la jornada, había cerrado su investigación preliminar, iniciada en mayo pasado, en contra del vocero de la presidencia César Mauricio Velásquez y el asesor de comunicaciones, Jorge Mario Eastman.
El resto de personas a quienes se les formuló el pliego de cargos está integrado por ex funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o Policía secreta, una oficina dependiente de la presidencia. Entre esos ex funcionarios está Jorge Noguera, quien dirigió el DAS del 2002 al 2005.
Noguera ya está en prisión desde diciembre del 2008 bajo el cargo de concierto para delinquir por su presunta responsabilidad en entregar a bandas paramilitares listados de sindicalistas, quienes más tarde fueron asesinados.
