La propuesta del Gobierno Petro de elevar el gravamen a los movimientos financieros al 5x1.000 en 2026 genera inquietud por el impacto directo que tendría en el bolsillo de hogares, trabajadores independientes y pequeños comercios.
La posible ampliación del conocido impuesto del 4x1.000 ha reavivado el debate económico en el país. En el marco de la declaratoria de emergencia económica, el Gobierno Nacional estudia aumentar este gravamen al 5x1.000, una decisión que, de concretarse, elevaría el costo de las transacciones bancarias que realizan a diario millones de colombianos.
El planteamiento hace parte de un borrador de decreto elaborado por el Ministerio de Hacienda, cuyo objetivo es obtener recursos de recaudo inmediato para atender el faltante fiscal proyectado para 2026, luego de que no prosperara la ley de financiamiento. Para ello, el Ejecutivo se apoya en un impuesto vigente, de fácil recaudo y amplia cobertura.
En términos prácticos, el ajuste significaría que cada retiro de dinero, transferencia electrónica o pago realizado a través de cuentas bancarias tendría un mayor descuento, lo que impactaría directamente el ingreso disponible de los hogares y aumentaría los costos operativos de pequeños negocios y trabajadores independientes.
El gravamen a los movimientos financieros fue creado en 1998 como una medida temporal para afrontar la crisis bancaria de ese momento, con una tarifa inicial del 2x1.000. Con el paso del tiempo, el impuesto fue prorrogado y ampliado, hasta consolidarse como una fuente permanente de ingresos para el Estado, alcanzando el actual 4x1.000.
Aunque el impuesto ha sido defendido por su eficiencia recaudatoria y por la baja evasión asociada a su cobro, su carácter generalizado hace que el impacto recaiga directamente sobre quienes utilizan el sistema financiero para actividades cotidianas, como el pago de servicios, el manejo de nómina o la recepción de ingresos.
Analistas advierten que un incremento al 5x1.000 podría afectar la liquidez de los pequeños comercios, ya que cada operación electrónica tendría un mayor costo, dificultando la rotación de caja. Además, existe el riesgo de que más personas opten por el uso del efectivo, lo que representaría un retroceso en los avances de bancarización e inclusión financiera logrados en los últimos años.
El aumento, aunque planteado como temporal para el año gravable 2026, genera escepticismo entre expertos y ciudadanos, dado que el impuesto nació con vocación transitoria y terminó convirtiéndose en un componente estable del sistema tributario colombiano.
La iniciativa deberá ser evaluada por la Corte Constitucional, encargada de revisar la legalidad del decreto de emergencia, mientras el mercado y los ciudadanos observan con expectativa una medida que podría marcar un nuevo capítulo en la historia de uno de los impuestos más impopulares del país.
