El ente de control reportó hallazgos fiscales por $28.310 millones tras detectar problemas en la ejecución de proyectos, debilidades en la supervisión y deficiencias en el control tributario.
La Contraloría General de la República encendió las alarmas tras evidenciar serias irregularidades en el recaudo, administración y ejecución del impuesto nacional destinado al turismo, luego de una auditoría intersectorial realizada durante el segundo semestre de 2025. Según el informe, se identificaron hallazgos fiscales que ascienden a $28.310 millones, correspondientes principalmente a la vigencia 2023 y a inconsistencias en declaraciones tributarias.
El organismo señaló que las fallas detectadas comprometen recursos claves para el fortalecimiento del sector turístico, considerado uno de los motores económicos del país. Las irregularidades incluyen debilidades en la planeación de proyectos, supervisión contractual y control tributario por parte de las entidades responsables.
La auditoría evaluó aspectos financieros, presupuestales y contractuales relacionados con la inversión de este impuesto, destinado a promover la competitividad, la infraestructura y la formación en turismo. El análisis involucró la gestión del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), la DIAN y FONTUR, entidad encargada de administrar los recursos.
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Proyecto de embarcaderos concentra mayor impacto fiscal
El hallazgo más significativo se relaciona con el proyecto de embarcaderos fluviales financiado con recursos del impuesto al turismo y ejecutado por FONTUR en 81 municipios del país. La Contraloría estimó una presunta incidencia fiscal de $23.006 millones, asociada a deficiencias en la planeación, débil supervisión y problemas en la gestión contractual.
De acuerdo con el informe, el proyecto contemplaba la instalación de 88 embarcaderos, pero pese a que los módulos fueron fabricados en su totalidad, solo cinco estructuras habían sido instaladas y entregadas en funcionamiento al momento de la evaluación. Estos se ubican en municipios como Puerto Wilches (Santander), María La Baja (Bolívar), Cerro de San Antonio, Plato y San Sebastián de Buenavista (Magdalena).
La Contraloría advirtió que existe una marcada diferencia entre el avance financiero y el progreso físico de las obras, lo que evidencia fallas graves en la ejecución del proyecto. Esta situación pone en riesgo la eficiencia del gasto público y la finalidad social del impuesto, orientado a fortalecer la infraestructura turística en distintas regiones.
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Debilidades en control tributario y responsabilidad institucional
Otro de los hallazgos relevantes tiene que ver con la presentación extemporánea de declaraciones del impuesto al turismo correspondientes a los años 2021 y 2022, situación que habría generado una presunta incidencia fiscal por $5.303 millones. El informe señala deficiencias en los mecanismos de control que debían ejercer la DIAN, FONTUR y el MinCIT.
El ente de control también advirtió que la DIAN no ejerció de forma efectiva sus funciones de fiscalización, administración y control tributario, pese a contar con herramientas legales para verificar y sancionar el incumplimiento en la declaración y transferencia del tributo. Esta omisión incrementa el riesgo de pérdida de recursos y afecta el flujo oportuno hacia el Presupuesto General de la Nación.
Finalmente, la Contraloría concluyó que las irregularidades detectadas comprometen la gestión de varias entidades del orden nacional y podrían tener implicaciones fiscales y disciplinarias. El informe subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y control para garantizar que los recursos del impuesto al turismo cumplan con su propósito de impulsar el desarrollo económico y social de los territorios.
