Con el objetivo de garantizar el derecho a la verdad, el Gobierno Nacional inicia el proceso de anonimato y preservación de datos que estuvieron ocultos por décadas.
El documento, firmado por el mandatario y los ministros de Hacienda y Cultura el pasado mes de octubre, estipula la creación de un plan de trabajo cooperativo con el Archivo General de la Nación, que se hará cargo de la custodia, preservación, administración y la generación en versión digital de la consulta pública; seguido de la Procuraduría General de la Nación, que vigilará el proceso de custodia y la Dirección Nacional de Inteligencia adelantará los procesos de anonimato y entrega de los archivos al Archivo General.
Importancia del proceso
Esta decisión marca un antes y un después en la búsqueda de la verdad en el país. Por primera vez, el Estado permitirá abrir los archivos secretos de inteligencia y gastos reservados para investigar la persecución contra defensores de derechos humanos.
Uno de los casos es del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Cajar, quienes fueron víctimas de persecución, interceptaciones ilegales y campañas de estigmatización entre los años 1990 y 2000.
Con este paso, los documentos que antes eran inaccesibles ahora serán clave para esclarecer hechos de violencia y garantizar que las víctimas conozcan la realidad de lo sucedido.
Por último, este proceso de desclasificación de documentos será financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación, en concordancia con los autos de la Jurisdicción Especial para la Paz.
