La crisis de seguridad en la frontera entre Colombia y Ecuador, agudizada por la reconfiguración del narcotráfico tras la pandemia y el avance de la delincuencia organizada en el segundo país, no se resuelve con medidas comerciales unilaterales, sino a través de mecanismos de diálogo y entendimiento.
Como “balde de agua fría” cayó ayer en Colombia el anuncio del presidente Daniel Noboa de imponer un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, después de que los respectivos presidentes, tomaran posiciones distantes con anuncios de toda clase de aumentos en los precios de las mercancías que entran en cada país.
El análisis debe partir de la premisa de que el narcotráfico no es un grupo ni un cartel, sino un mercado transnacional con múltiples actores y eslabones de una cadena que se distribuye en distintos países; durante la pandemia se produjo una alteración significativa de las rutas y los métodos de exportación de cocaína, lo que llevó a los actores criminales a reorganizarse.
Mientras Colombia se consolidó como productor del alcaloide, en países limítrofes como Ecuador los narcos comenzaron a instalar fases clave del procesamiento, incluida la transformación en clorhidrato de cocaína.
Ese reordenamiento incrementó la demanda de servicios violentos en Ecuador, generó mayor circulación de dinero ilegal y aceleró la expansión de la delincuencia organizada local. A ello se suma, agrega, el crecimiento del control criminal sobre el sistema carcelario ecuatoriano, uno de los factores que más ha incidido en el deterioro de la seguridad interna de ese país, donde los motines han dejado más de 500 muertos desde 2021.
En el plano de las relaciones internacionales hay que reconocer que Ecuador está facultado, en virtud del principio de libre autodeterminación de los Estados, para adoptar decisiones unilaterales en política exterior; sin embargo, ese derecho debe ejercerse con prudencia, tacto y estrategia, especialmente cuando se trata de países vecinos con una relación histórica estrecha.
La decisión de Noboa de anunciar aranceles del 30 % a los productos importados de Colombia por que Colombia no coopera lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico, no fue apresurada y seguramente se midieron adecuadamente sus consecuencias diplomáticas y regionales.
La medida responde, en parte, a un intento de reorientar el debate interno cuando se cuestionan los resultados de su política de mano dura contra las bandas criminales y el impacto que ésta ha tenido en la popularidad del gobierno.
El Ejecutivo ecuatoriano señala a Colombia por la forma en que enfrenta el narcotráfico, al considerar que se trata de una extralimitación del discurso diplomático. Lo que sí es cierto es que los países no pueden opinar sobre la política interna de otros Estados en materia de seguridad, ya que e+este tipo de señalamientos incrementa la tensión regional y dificulta la cooperación necesaria para enfrentar amenazas comunes. En términos coloquiales, “los trapos sucios se lavan en casa", un principio no escrito pero ampliamente aceptado en las relaciones internacionales.
Frente a los señalamientos de Ecuador, el Gobierno colombiano ha defendido su gestión en materia de seguridad fronteriza y cooperación bilateral con datos del Ministerio de Defensa que muestran que las operaciones conjuntas y el intercambio de información entre ambos países han permitido impactar de manera significativa las economías criminales transnacionales.
Seguramente todo este impulso del ministerio de Defensa, se debe quedar ahí; hay que recordar que el presiente Petro, desde el mismo día de su posición, se dedicó, junto con su ministro de Defensa de la época, Iván Velásquez, diseñaron e implementaron un plan perfecto para disminuir la capacidad de acción y reacción del Ejército colombiano, que en estos tres años también ha sufrido en su misma piel, la reducción del presupuesto general de ese ministerio, en todos los sentidos. Colombia, ahora, no tiene la misma capacidad para enfrentar el narcotráfico.
La salida a la crisis pasa por reactivar los mecanismos bilaterales, fortalecer la cooperación policial y de inteligencia y asumir una visión regional del narcotráfico y del crimen organizado, fenómenos que desbordan las fronteras nacionales, más cuando se enfrentan desafíos comunes en una de las zonas más sensibles de la región andina.
