Al término de la audiencia de juzgamiento a los ex miembros del DAS; quienes están siendo enjuiciados por varios delitos, el abogado de las víctimas Freddy Gutiérrez Sajaud, argumentó que el proceso se está llevando bien y entre más se descubren pruebas, más se demuestra la responsabilidad de los implicados.
El profesional del Derecho manifestó, que después de escuchar los testimonios del comerciante Manuel Urdaneta y su señora; quienes fueron víctimas de este insuceso tan lamentable, dejaron relacionados de manera directa a los detectives del DAS, que en compañía de otras personas fueron las que cometieron el ilícito del hurto valiéndose de su investidura de agentes del Estado.
Gutiérrez Sajaud, dijo que pedirá ante el juez una condena ejemplar "Porque los agentes del Estado no pueden seguir burlando la confianza que la sociedad tienen en ellos; porque fue precisamente la investidura de funcionarios del Estado, lo que le permitió a Manuel y a Idaluz, acompañarlos a las dependencias del DAS y se aprovecharon de la confianza que el ciudadano tiene en sus autoridades para hacer este atraco.
Fue un acto vergonzoso y me duele como colombiano, los continuos actos y errores que continúa realizando el DAS; sin duda alguna así como hacen chuzadas, seguimientos ilegales, siguen verdaderamente faltándole el respeto a la ciudadanía colombiana".
Finalmente, el abogado dijo que el dinero no ha aparecido, pero que esperará y después entrará a otra etapa que se denomina indemnización de perjuicio, porque Manuel ha acudido a la justicia administrativa y "Es el DAS, el que debe responderle por sus 330 millones, sumado al perjuicio económico y los gastos de abogados, el recurso podría ascender a unos 1.200 a 1.400 millones de pesos".
Los comprometidos en el acto delincuencial fueron identificados como Oscar Iván Peláez Ortiz y Álvaro Enrique Márquez Coronado; quienes para la época de los hechos eran miembros activos del DAS, y Jhon Jairo González Lazo, ex funcionario de la entidad, quien fue declarado insubsistente, ya que había cometido hechos ilícito en la institución en el año 2007.
En el extenso expediente de la investigación, dice que los hechos ocurrieron el 29 de enero del 2008, en la zona de parqueo del aeropuerto de Riohacha; cuando los comerciantes fueron abordados por detectives, quienes portaban chalecos y gorra de la institución y los atracaron llevándose 330 millones de pesos.
