Los sindicados debían estar enterados, que sobre ellos había una investigación de tipo penal, tendiente a esclarecer su responsabilidad en la transacción que se hizo y que le causó un detrimento al erario público.
Por esa razón, el Juez Segundo Penal de Conocimiento, Roger Reinoso Ibarra, decretó la ilegalidad de las capturas del alcalde de Dibulla, Marlon Amaya Mejía y el de su secretario de Hacienda, Adolfo Luis Barros Sierra.
El juez reprocha la actuación de la Fiscalía, porque el proceso investigativo se inició el 28 de febrero del 2008 y la prueba grafológica se obtuvo el 6 de noviembre 2009 y sólo el día de la captura se les informó que eran investigados por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros.
"Faltó lealtad procesal por parte de la Fiscalía, lealtad esa que desde luego le asiste el derecho a la defensa de los imputados en la medida que los deja desprovistos de enfrentar con igualdad de armas, al ente acusador en cada una de las actuaciones que se presenten", precisó Reinoso Ibarra.
Además, el juez también argumentó que para la toma de la muestra grafológica y para que fuera legal, se necesitaba que los encausados contarán con la presencia de sus defensores, como lo ordena el Artículo 249 de la Ley 906, del 2004 y esa prueba se declara ilegal.
Finalmente, cuando el juez Roger Reinoso Ibarra, con su voz sonora, dijo que por lo expuesto, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Riohacha resuelve. Primero, revocar la decisión proferida por la Juez Segundo Penal Municipal de Riohacha, mediante el cual se les impartió legalidad a la captura a los señores Marlon Amaya Mejía y Adolfo Barros Sierra.
En consecuencia de la ilegalidad de esas capturas, decretase, la nulidad de las demás dualidades que se surtieron a partir de esa audiencia de legalidad de capturas y los sindicados regresaran a la libertad.
Los familiares que se encontraban dentro del público, algunos gritaron y otros lloraron, como fue el caso de la ex alcaldesa Sixta Mejía de Amaya, señora madre de Marlon Amaya Mejía, al igual que el mismo burgomaestre.
De inmediato fueron llevados al DAS, de donde salieron en libertad plena y según el Fiscal 35, el proceso investigativo se va comenzar de nuevo, porque hubo detrimento al patrimonio de los dibulleros.
