Catorce días estuvo privado de la libertad el alcalde de Dibulla, Marlón Amaya Mejía y el Secretario de Hacienda del mismo ente territorial, Adolfo Luis Barros Sierra, por decisión de un Juez de la República atendiendo una orden de arresto que solicitó la Fiscalía 35 de Santa Marta.
Esta decisión, del ente fiscalizador, fue catalogada por la primera autoridad de los dibulleros como un falso positivo "Desde un principio hemos estado confiado y muy tranquilo de todos nuestros actos y creo que aquí ha sucedido es, un falso positivo de parte de la Fiscalía".
Las declaraciones las entregó el burgomaestre en la sala de espera del Das, en donde firmaba el documento que lo regresaba a la libertad; después que sus abogados alegaran que su captura era ilegal.
Igualmente, el funcionario público dijo que colaborará al máximo con la justicia para que se conozca la verdad y llegar al fondo esta investigación. También les agradeció a los pobladores de Dibulla esa solidaridad en este momento tan difícil que ha pasado.
A su turno, el Secretario de Hacienda y Tesorero, Adolfo Luis Barros Sierra, precisó que desde que inició este desagradable proceso siempre ha tenido la conciencia tranquila "Nunca hemos tenido un acto que permita a la comunidad de todo el departamento y de la nación desconfiar de nosotros. Desafortunadamente, una investigación mal llevada en donde fuimos denunciantes para rescatar los dineros de Dibulla".
Los abogados defensores pidieron que se anule la legalidad de la captura "Se hizo justicia y eso estábamos esperando, la prueba era ilegal y ellos nunca debieron estar detenido. Ahora deben gozar de su libertad y retornen a sus cargos, por eso los eligió", precisó Alejandro Bernier Vélez, abogado de Adolfo Luis Barros Sierra.
Por su parte, el Juez Segundo Penal Municipal, Roger Reinoso Ibarra, atendió los argumentos de la defensa técnica de ambos indiciados e igual a la solicitud de Iván Fuentes Acosta, representante del Ministerio Público, que advertía que de no fallarse a favor de los detenidos, se avizoraba una demanda contra el Estado colombiano, por los malos procedimientos de la Fiscalía.
La Fiscalía reiniciará el caso
El proceso investigativo debe comenzarse de nuevo, porque se requiere aclarar y poner a buen recaudo los responsables de este detrimento al erario público, así lo indicó Gabriel Turizo de León, Fiscal 35 de Santa Marta.
El Fiscal argumentó que en la prueba manuscrita que realizaron los detectives del Das, los investigados no fueron asistidos por sus abogados, y esa es la fundamentación que ha tomado el Juez y declarar ilegal esa prueba.
El funcionario advirtió que "La investigación se va reedicionar y esto no implica que haya culminado. En este proceso el delito existe, el hecho existe, el municipio de Dibulla fue defraudado en la suma de 123 millones, hay otra persona capturada y desde luego la Fiscalía utilizará todas sus herramientas para establecer la verdad en este hecho", precisó Gabriel Turizo de León.
