Al director de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Arcesio Romero Pérez, la Procuraduría General de la Nación, le abrió investigación preliminar para determinar si la reestructuración que realizó en la entidad cumplió con los requisitos de ley.
La decisión la tomó el Ministerio Público, luego de recibir una queja de carácter anónima el 23 de noviembre del 2009, en donde le adjuntan unas series de documentos de las presuntas irregularidades que el director y el Consejo Directivo habrían cometido.
El quejoso indicó que el pasado 4 de febrero del 2009, el Consejo Directivo facultó mediante acuerdo 001 al director Romero Pérez para llevar a cabo un estudio técnico a fin de modernizar y reestructurar administrativamente la entidad.
En ese propósito, Arcesio Romero Pérez contrató con la Asociación de Corporaciones Regionales Asocar, el cual subcontrató con la empresa Peva para que realizara el estudio que modificaría la planta de personal.
Acto seguido, el director puso a consideración del Consejo Directivo la modificación de la nueva planta de personal; en donde se suprimieron unos cargos los cuales ya habían sido ofertados a través de la convocatoria pública 001 del 2005, por intermedio de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
A esta convocatoria, resultaron ganadores varios profesionales guajiros y cuando fueron a la entidad en busca de información para posesionarse, la sorpresa fue mayor, el director había anulado los cargos.
Eso le sucedió a la Comunicadora Social María Angélica Egurrola, quien concursó y notificada por intermedio de la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de la resolución 585 para llenar la vacancia de la Oficina de Prensa de la entidad y solo encontró el lugar.
Parecida situación vivió la ex Secretaria General del Departamento, María de los Santos Daza, que concursó y ganó con el máximo puntaje para el cargo de Secretario General y tampoco pudo posesionarse. De acuerdo a lo anterior, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Segunda Delegada, Alba Cristina Grueso Sánchez, comisionó la Procuraduría Regional de La Guajira para que en un término de 30 días realice las prácticas de las pruebas.
Entre las prácticas, deberán declarar todos los miembros del Consejo Directivo, también los funcionarios de la corporación Carlos Rivera Duran y Fernando Prieto Vargas.
El Semanario La Guajira, dialogó con el director Arcesio Romero Pérez, dijo que la reestructuración se produjo porque "En unos casos, había cargos que tenían duplicidad de funciones, en otros se suprimieron algunos; además se valoró que debe primar el interés general o la supervivencia al trabajo digno de la mayoría de los empleados de la corporación".
Finalmente, Romero Pérez, indicó que "Había una amenaza de cierre de las entidades de tipo ambiental, si no se hubiese hecho, la supresión de cargos, pues la Corporación es inviable desde el punto de vista financiero, o sea que estaba condenada a someterse a una liquidación o a una fusión con otras entidades del Estado, lo cual conllevaría a que desapareciera la corporación".
