Las supuestas anomalías salieron a flote, después de un debate realizado el 19 de mayo del 2009, en el Concejo de Riohacha en donde participaron varios campesinos que no resultaron beneficiados.
El personero de Riohacha, Jaime Peralta Brito, les abrió investigación al director de la Umata de Riohacha, y a los corregidores de Arroyo Arena, Cerrillo, Barbacoas, Choles, Las Palmas y Monguí, por violar presuntamente la ley 734 del 2002.
Esta decisión nace después de un largo y dispendioso trabajo investigativo que realizó el Ministerio Público, en donde se recogieron varias declaraciones juramentadas a campesinos, corregidores del municipio de Riohacha y al director de la Umata.
La falta disciplinaria que supuestamente pudieron haber violado los funcionarios públicos es la que se enmarca en el articulo 34 en su numeral 8 de la ley 734 del 2002 y reza, quien desempeña el empleo cargo o función pública sin obtener o pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones legales y convencionales cuando ella tenga derecho.
En tal razón, Peralta Brito le abrió investigación al director de la Umata, Amílcar Huertas Gómez, porque presuntamente habría manipulado los listados que enviaron los corregidores de los campesinos que resultaron afectados con la ola invernal que sacudió al municipio en el año 2008.
Además, porque en el interior de la Umata habían varias personas de no pertenecían a la planta de personal del Municipio, pero con el beneplácito del director y éstas personas habrían cambiado los nombres de los campesinos por familiares y amigos; quienes habitan en la ciudad.
Así mismo, investigan a los corregidores: Disney Urango Moreno, de Barbacoas; Darianys E. Mendoza Mieles, de Cerrillo; Zulema María Laverde Barros, de Choles; María Cristina Jiménez Núñez, Arroyo Arena; Deceiris Elena Núñez Barros, Las Palmas y Ana Sofía Peralta Peñalosa, de Monguí. A estos funcionarios públicos, porque ellos mismos aparecen como beneficiados, siendo que en la actualidad fungían como empleados del Estado y además, la certificación tenía que hacerla el director de la Umata y al parecer no sucedió así.
Las supuestas anomalías salieron a flote, después de un debate realizado el 19 de mayo del 2009, en el Concejo de Riohacha, en donde participaron varios cabildantes y varios campesinos que no resultaron beneficiados.
