Los cooperativistas de transportes no entienden porqué la Policía les retiene los automotores y ahora la Dian se los arrebata; con el argumento que no han pagado los impuestos, por hurto o receptación.
Con estos argumentos, un grupo de por lo menos 100 propietarios de vehículos de placa venezolana, agrupados en cooperativas, se quejan ante el alcalde de Riohacha, Jaider Antonio Curiel Choles, por esos atropellos a que son sometidos diariamente.
En el documento, los cooperativistas dejan entrever que, tanto la Dian como la Policía están retando al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, ya que no respetan el Decreto 400 del 17 de febrero del 2005, en donde se advierte que, una vez las autoridades locales de los municipios Riohacha y El Molino han aceptado los vehículos con identificación de números remarcados, éstos puedan circular libremente por el Departamento.
"Es tanto el afán de la Dian por retener los vehículos de placa venezolana, que usurpan funciones que no les competen, hay casos que son de la Fiscalía y la Dirección de Impuestos y los toman para apropiarse de los mismos y no contamos con dirigentes que defienda nuestros intereses".
El documento también fue enviado a la Presidencia de la República, al departamento de La Guajira, al Comandante de Policía, a la Defensoría del Pueblo, a la Asamblea Departamental y al Concejo de Riohacha.
"Por medio del presente escrito, le manifestamos nuestras inquietudes y a la vez le agradecemos que tome carta en el asunto, para que no se vuelvan a repetir estas acciones en contra nuestra. Tenga en cuenta que nos toca darle duro y parejo para devengar el pan de cada día y cubrir las necesidades de nuestras familias. Acuérdese que en La Guajira se vive de la economía informal ya que no contamos con fuentes de empleo".
En la carta, los inconformes conductores afirman que la retención indebida de los automotores, es violatorio a la Constitución y a la ley. El Artículo 337 de la Carta Magna dispone que, se podrá establecer zonas de fronteras, terrestres y marítimas, normas especiales en materias económicas y sociales tendientes a promover su desarrollo y Riohacha está enmarcada en esa exigencia.
En el tenor de la misiva, los conductores consignan el criterio de la Corte Constitucional, que refiere sobre el tratado firmado con Venezuela (Ley 27 del 1995), para la detención y recuperación de vehículos provenientes de ese país, debe mediar una orden judicial, de lo contrario no se puede retener ningún automotor.
Finalmente, los transportistas le hacen una serie de peticiones al mandatario de los riohacheros; en donde le solicitan que se apersone de la situación y les otorgue un descuento en el pago de los impuestos, "los mismos beneficios que nos ha prometido en las diferentes reuniones que hemos tenido con usted, estamos muy preocupados porque las autoridades policivas han venido reteniendo los automotores y exigiendo los impuestos al día".
