Una comisión del gobierno nacional llegó al municipio de Maicao con la finalidad de buscar una solución al problema de tierras entre familias residentes en la vía que de Maicao conduce al corregimiento de Carraipía.
La joven líder indigenista, María Thiller, expresó que desde hace más de 80 años sus familiares residen en las rancherías, Saguana, Bandera y Houly, sitio en donde construyeron sus cementerios, pero en los últimos años, miembros de la familia Barros aducen con documentos, que estos terrenos son de su propiedad y que ya la habían vendido a un tercero.
Esta posición trajo malestar en la comunidad y se ha dado un desplazamiento a Venezuela, Riohacha y a otras rancherías.
"Estamos pidiendo que se nos restituyan nuestras propiedades, que en este momento se encuentran invadidas por unas personas arijunas", en tal sentido se expresó la joven líder María Thiller ante los funcionarios del gobierno nacional, municipal, miembros de la Policía nacional, Ejército, Defensoría del Pueblo y autoridades tradicionales, que asistieron a la segunda reunión de concertación llevada a cabo en la sala de eventos del Concejo municipal de Maicao.
Por su parte, la administración municipal, en cabeza del asesor jurídico, Carlos David Chávez Fontalvo, señaló que ya esta querella policiva no era de su competencia, por lo tanto pasa a una segunda instancia para su competencia.
Ernesto Hernández Jusayú, palabrero wayúu, manifestó que la solución a este conflicto entre familias aborígenes esta en las autoridades del Estado y la intervención de los saberes ancestrales, representados por ellos, quienes llevarán el caso a un estado de concertación, y de esta manera darle la solución requerida en un tiempo no determinado, que puede durar días y años. Dijo que después que la parte contraria tenga un palabrero y lo envíen a un sitio a la otra parte, de seguro que se soluciona, expreso Ernesto Fernández.
A su turno el abogado Francisco Salazar, dijo que existe un conflicto interno desde hace muchos años y al llegar personas extrañas a los terrenos de los wayúu, la cosa se complicó y a las cuatro comunidades les tocó llevar el caso a la Comisión de Derechos Humanos de Washington y ésta ha oficiado a la Comisión colombiana de Derechos Humanos, pidiéndoles protección a estas familias en conflicto, por la vulneración de sus derechos.
