Ese fue el relato de una mujer wayúu, quien dice que cuando llegaron los militares a su ranchería supuestamente asesinaron a tres wayúu y dos más resultaron heridos.
Los hechos que se investigan, sucedieron el 21 de enero del 2006, pasada las 5:00 p.m., en la comunidad de Ware Ware, jurisdicción de Albania, día en que los nativos realizaban una reunión para recolectar unos recurso como parte de un dote de una mujer que se había comprometido.
La señora María Inés Pushaina Pushaina no habla el castellano y para su declaración el Juez requirió de un intérprete de la etnia Wayúu, adscrito a la Secretaría de Asuntos Indígena del Departamento.
"Yo me encontraba esperando que terminaran de sacrificar un chivo, había puesto el balde debajo para recoger la sangre, me sorprendo cuando llegaron los militares, luego dispararon y hasta un tiro me pasó por la manta y me la dañó", dijo María Inés Pushaina Pushaina.
En estos hechos murieron a causa a proyectiles disparados con arma de fuego: Javier Pushaina Pushaina, Javier Cambar Ramírez y Luis Ángel Fince Ipuana.
También resultaron heridos: Gustavo y Moisés Pushaina Pushaina, hermano de una de las víctimas, hijos de la señora María Inés; a quienes dijo haber curado en el monte con medicina tradicional.
En su narración, la mujer dice que no hubo enfrentamiento y tampoco los indígenas portaban armas como lo habían manifestado los militares, después de ocurrido el hecho de sangre.
También argumentó en la visita pública, que luego que sucedió el caso, los militares no la dejaron acercarse a las víctimas y se llevaron los cuerpos en sus vehículos hacia Maicao.
"Los militares me colocaron en el corral de chivos con los demás miembros de mi familia y son los mismos que se encuentran aquí, ellos me golpearon".
Los militares que están implicados en el insuceso son: el teniente, Juan Carlos Galvis Cadavid y los soldados: Néstor Emilio Correa y Pedro Luis Benavides Martínez.
Hasta el momento, el proceso investigativo indica que los nativos no dispararon, por lo que se prevé que hubo extralimitación de los militares.
A la audiencia también asistieron tres representantes de una ONG de Derechos Humanos, quienes están haciendo seguimiento al proceso.
Éste está inmerso en la Ley 600 y se encuentra a cargo del juez Leonel Sierra, el representante del Ministerio Público, es Rafael Navas Curiel, un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Al cierre de la presente edición no había terminado la audiencia.
