Un problema más allá de crisis momentáneas

Editorial
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El de los servicios públicos en Venezuela es un problema estructural, cuyas bases están sentadas en la falta de mantenimiento y de inversión canalizada para la modernización de sistemas antiguos y deteriorados, por lo que cualquier solución debe responder a un plan que no solo resuelva las crisis momentáneas, según expertos.

No obstante, el reciente llamado del presidente Nicolás Maduro a "recuperar", antes de que termine el año, los servicios de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones es una muestra de la necesidad actual de enfocarse en esta situación, para equilibrar la demanda generada por la apertura económica planteada durante el primer semestre del año.

Y aunque la promesa del Ejecutivo suena poco creíble para oídos cansados de escuchar excusas, el monitoreo de la inversión en servicios básicos se evidencia que, en el último semestre, la brecha entre inversiones presupuestadas y ejecutadas para estas áreas son relativamente bajas, pero el problema es la dirección de esas inversiones.

El destino del gasto, al menos durante julio de 2022, se ha perfilado hacia la corrección de incidencias y, en servicios como la electricidad, apenas el 5 % de las inversiones están dirigidas a mejorar los índices de cobertura, calidad y continuidad en el suministro.

Hay escasas opciones de que, en los meses que restan hasta final de año, se pueda conseguir que la promesa de Maduro se cumpla, aunque se pueden lograr algunas mejoras. Hay un trabajo que hacer, en cuatro o cinco meses, no se va a lograr del todo; sin embargo, de aquí a diciembre sí se perfila una mejora muy tenue porque se espera que haya alguna mejoría dada la apertura comercial que está teniendo el país, afirmación en la que se basan muchos optimistas.

Esta resolución de las incidencias en las que se sostiene la leve mejora de la que hablan los especialistas se refleja en cifras del Ministerio de Atención a las Aguas, que señala que el Gobierno ha resuelto 19.260 casos sobre este servicio en los últimos 60 días, lo que representa el 59,2 % de los casos reportados. Sin embargo, aunque los datos muestran ese cambio positivo, en la práctica, los especialistas advierten que poner el foco solo en la continuidad de los servicios, obviando o dejando atrás indicadores como la calidad o el nivel de cobertura, hará insostenible cualquier avance.

En este momento se mantienen  los servicios tratando de utilizar dinero para que haya continuidad eléctrica, de agua,  de transporte y para lograr cumplir con otros indicadores se podrían requerir dos años o un poco más.

Cuando se reflexiona sobre las fallas de agua, telecomunicaciones o electricidad que enfrenta en la mayoría de sectores populares del país, también se reflexiona sobre grandes carencias que sufren los venezolanos. La ciudadanía llegó a contar, no hace mucho, 1.000 días continuos sin agua, 1.000 días en los que reclamaron activamente con pancartas, en redes sociales, con protestas, con cartas y con llamados que no fueron escuchados, pues el agua volvió un día cualquiera, pero nunca con la fuerza necesaria para subir hasta los hogares de clase media.

Aún con estos problemas, reconoce que son privilegiados, pues algunos tienen cómo pagar camiones cisternas o comprarse plantas eléctricas, a diferencia de la gente de las barriadas que puede divisar desde su casa, donde no tienen otra opción que caminar kilómetros para obtener agua o encender una vela para tener algo de iluminación cuando falla la energía eléctrica.

Los ciudadanos se han adaptado a que su teléfono no tenga señal, a que por sus tuberías no salga agua, a que las calles estén oscuras, a que no funcione el servicio de internet y por eso, los venezolanos no creen en los cambios repentinos, aunque esperan que llegue para mejorar su vida, la de su familia y la de todo un país.



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