El máximo órgano gremial del país pidió a la Corte Constitucional declarar inválida la declaratoria de emergencia, al considerar que no cumple con los requisitos exigidos por la Carta Política.
El Consejo Gremial Nacional elevó una solicitud formal ante la Corte Constitucional para que se declare inexequible el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional decretó el estado de emergencia económica y social, argumentando presuntas fallas de fondo y de forma en su expedición.
De acuerdo con el documento radicado, la organización considera que la medida adoptada por el Ejecutivo no responde a una situación extraordinaria, imprevisible o sobreviniente, condiciones que la Constitución exige para justificar este tipo de declaratorias excepcionales.
Cuestionamientos
jurídicos al decreto
Entre los principales reparos expuestos por el gremio se encuentra que el decreto no habría sido firmado por todos los ministros, requisito indispensable para su validez jurídica. Además, se sostiene que los argumentos utilizados por el Gobierno corresponden a problemas estructurales y previsibles, los cuales debieron tramitarse por las vías legislativas ordinarias.
El Consejo Gremial también advierte que la declaratoria se dio tras el fracaso de una iniciativa fiscal en el Congreso, lo que, a su juicio, no puede ser considerado un hecho que habilite el uso de poderes extraordinarios por parte del Ejecutivo.
La Corte entra a
revisar la emergencia
El recurso fue presentado ante el despacho del magistrado Carlos Camargo Assis, quien actúa como ponente en el estudio del decreto. La Corte Constitucional deberá evaluar si se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 215 de la Constitución, dentro del control automático que se realiza a este tipo de medidas.
Mientras se surte el análisis de fondo, el alto tribunal tendrá la facultad de decidir si mantiene vigentes los efectos del decreto o si adopta medidas temporales, en un proceso que podría marcar un precedente clave sobre el uso de las emergencias económicas en el país.
Reacciones y posibles implicaciones
Desde distintos sectores productivos se ha manifestado preocupación por el impacto que este tipo de decisiones excepcionales pueda tener sobre la seguridad jurídica y la confianza empresarial. Voceros gremiales insisten en que la estabilidad normativa es un factor clave para la inversión y el crecimiento económico, por lo que consideran fundamental que las reformas estructurales se tramiten dentro de los mecanismos institucionales ordinarios.
En ese sentido, advierten que una eventual validación del decreto podría sentar un precedente que amplíe el uso de facultades extraordinarias en escenarios donde no se configuran plenamente las condiciones constitucionales, lo que a su juicio debilitaría el equilibrio entre los poderes públicos y el papel del Congreso de la República.
