La migración venezolana se ha transformado en un fenómeno estructural y tiene un fuerte impacto fiscal en América Latina y el Caribe, donde reside cerca del 85 % de los más de 7,8 millones de personas que han salido de Venezuela, alejándose de la pobreza de la dictadura de Nicolás Maduro.
Se debe destacar cómo el consumo de esta migración venezolana en los ocho países analizados -Aruba, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana- supera los 10.600 millones de dólares anuales, porque también en Venezuela, ha salido no solo gente en busca de mejores condiciones de vida; sino que también han salido ciudadanos preparados y con un alto sentido generador de empleo y trabajo. Este aporte, sin embargo, convive con altos niveles de informalidad y creciente vulnerabilidad de una migración venezolana que es también una de las principales crisis de refugiados del mundo.
La migración venezolana se dio en varias oleadas. Entre el 2000 y 2012, estaba principalmente integrada por población de clase media y alta, con altos niveles educativos y destinos fuera de la región. Una segunda ola desde 2012, marcada por un creciente entorno desafiante a nivel económico y político y con desplazamiento intrarregional.
Desde 2015 se reportó un flujo masivo que transformó el panorama migratorio regional con una magnitud sin precedentes, el fenómeno de los llamados 'caminantes' que abandonaron el país por vía terrestre y que, en 2018, alcanzó lo que se considera un punto de inflexión con un perfil migratorio nuevo, cuando ya no predominaban los profesionales con redes de contacto y ahorros, sino familias enteras, mujeres solas, niños y niñas, y adultos mayores en condiciones de gran vulnerabilidad.
Entre 2022 y 2023 se registró el incremento migratorio con destino a Norteamérica, principalmente Estados Unidos, por la ruta del tapón del Darién, que hace frontera entre Colombia y Panamá que implicó condiciones de altísimo riesgo, violencia y explotación.
Diez años después de la primera ola masiva migratoria desde Venezuela, ya no se considera este fenómeno migratorio como una respuesta coyuntural a la crisis del país suramericano, sino un proceso estructural y regionalizado, que depende también de los vaivenes políticos y de seguridad de los países que sirven de tránsito y destino de los migrantes. Hasta noviembre de 2025 se registraron 6,9 millones de venezolanos refugiados y migrantes en América Latina y el Caribe. Los cinco primeros países receptores son Colombia (2,8 millones), Perú (1,6 millones), Brasil (732.272), Chile (669.408) y Ecuador (440.450).
Se apunta que en todos los países analizados la mayoría de los migrantes venezolanos están en la edad de apogeo laboral, entre 18 y 39 años; por ejemplo, con un promedio de 34 años en países como Colombia y Perú, y de 36 años en Chile y Ecuador. Asimismo, con frecuencia la población migrante venezolana cuenta con niveles educativos técnicos o superiores que superan a los de la población local, aunque estos niveles pueden variar dependiendo del destino.
En Colombia, por ejemplo, solo el 19 % de los migrantes tiene niveles educativos altos, mientras que en Chile y Perú la proporción es mayor; sin embargo, apunta, esta calificación no siempre garantiza la inserción laboral o continuidad profesional, por lo que se ha registrado un fenómeno creciente de migración secundaria.
Es común que migrantes calificados se asienten primero en países fronterizos por razones de accesibilidad y redes familiares, y posteriormente remigren hacia otros destinos cuando perciben falta de reconocimiento profesional u obstáculos en el mercado laboral.
La migración venezolana en los ocho países analizados -que concentran unos 5,7 millones de migrantes- ha tenido un impacto positivo en la productividad económica aumentando la oferta de mano de obra calificada y contribuyendo a la expansión de la base tributaria. El consumo de los migrantes supera los 10.600 millones de dólares e implica aporte fiscal en impuestos directos e indirectos, principalmente enfocado en los sectores de vivienda, servicios y alimentación.
Las experiencias más exitosas de manejo migratorio en la región combinan procesos regulatorios flexibles y de largo alcance, con políticas intersectoriales de integración socioeconómica y se considera que las medidas restrictivas generan más precariedad y vulnerabilidad.