Escrito por:
Cesar Arismendy Morales
Columna: Reflexiones
e-mail: cesaridys@hotmail.com
Economista de la Universidad de los Andes y Licenciado en Ciencia Sociales de la Universidad Distrital de Bogotá. Cursó estudios de Planificación del Desarrollo Rural y Urbano en la Universidad de los Andes y en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya Holanda. Igualmente estudios de maestría en Desarrollo Regional en la Universidad de los Andes y cursos de Ciencias Políticas en la Universidad de Minnesota - Estados Unidos.
Para darle un nuevo aliento a su campaña electoral, Juan Manuel Santos ha venido ejecutando el plan de comunicaciones de masas e imagen diseñado por el asesor venezolano J. J. Rendón, el cual se encuentra basado en la desinformación, falsedad, "picardía" e ilegalidad. J. M ha recurrido a los diseños artificiosos del popular J. J para engañar a los colombianos incautos, privilegiando la trampa y la perversidad. Es decir, hacer de la palabra una estrategia subversiva.
La tergiversación que se genera desde la campaña del partido de la U, se ha diseminado como el virus tipo AH1N1 y por lo que se ha visto recientemente en el Municipio de Riohacha, esta también afectó a los miembros del equipo de gobierno local. Los comentarios realizados por Roberto Acevedo Coronado, Presidente de la Asociación Departamental de Desplazados, indican que el palacio municipal tiene un J.J. Rendón.
En el periódico La Noticia recientemente tituló "Listo Plan Integral Único para población desplazada", en donde se afirma categóricamente que la Administración Municipal ha formulado y se encuentra ejecutando el plan de atención a los desplazados, lo cual es totalmente falso. Riohacha no cuenta con un plan de navegación especial para que las 22 mil personas que han sido víctimas del conflicto armado tengan un mejor futuro.
El Plan Único Integral es una prioridad y no puede ser un engaño más. La Corte Constitucional con la Sentencia T-025 de 2004 declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucionales (ECI) por la deficiente respuesta estatal a la problemática. En ella conceptúa, que a los desplazados se les deben restablecer los derechos vulnerados con ocasión al desplazamiento forzado, por lo tanto, la acción que se asume por parte de las autoridades no puede ser considerada como una acción ordinaria y paulatina de inclusión social en el marco del cumplimiento de obligaciones en materia de derechos sociales, económicos y culturales.
Una persona en situación de desplazamiento, no puede ser equiparable con una persona en condiciones de pobreza histórica y estructural, ya que se desnaturaliza su condición de víctima e impide que las acciones de atención pública cumplan la finalidad de reafirmar a las víctimas como sujetos de dignidad con derechos libres e iguales. El plan debe ser único y específico para la población desplazada y con un enfoque diferencial.
Desde él se busca la generación garantías en la protección de los derechos específicos por la ocurrencia del desplazamiento forzado, siendo importante el derecho a no ser nuevamente desplazado, del cual se desprende la necesidad de materializar acciones preventivas para disminuir las amenazas, superar los riegos derivados del conflicto armado interno, disturbios, tensiones, violencia sistémica, las infracciones al DIH y las violaciones a los DDHH.
Dentro de los derechos, se encuentran la ayuda inmediata, el reconocimiento de la condición de desplazado, la atención humanitaria de emergencia, la consolidación y estabilización social y económica y el derecho a que se eliminen las condiciones adversas que se generan con el desplazamiento. Desafortunadamente, para los desplazados del Municipio de Riohacha, el Plan Integral Único (PIU), es un nuevo falso positivo de nivel local.