Escrito por:
Cesar Arismendy Morales
Columna: Reflexiones
e-mail: cesaridys@hotmail.com
Economista de la Universidad de los Andes y Licenciado en Ciencia Sociales de la Universidad Distrital de Bogotá. Cursó estudios de Planificación del Desarrollo Rural y Urbano en la Universidad de los Andes y en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya Holanda. Igualmente estudios de maestría en Desarrollo Regional en la Universidad de los Andes y cursos de Ciencias Políticas en la Universidad de Minnesota - Estados Unidos.
La semana pasada, en una nueva demostración de su inteligencia perversa, el Ministro del Interior y de Justicia afirmó ante la Corte Constitucional, que los desplazados colombianos que deambulan por las grandes y pequeñas ciudades del país, son verdaderas mafias que le roban al Estado. El ministro dijo de manera contundente, que en Colombia existen grupos de profesionales del desplazamiento, que quieren hacer quedar mal al gobierno en el escenario internacional.
Marcos Romero, presidente de la Consultaría para los Derechos Humanos y Desplazamiento, Codhes, rechazó las aseveraciones de Valencia Cossio, y públicamente le solicitó no estigmatizar a mas de 4 millones de ciudadanos desplazados, ya que ellos son victimas de la guerra interna que este gobierno no ha querido reconocer. Igualmente, le solicitó respeto y diligencia para resolver la tragedia social en que viven.
Lo preocupante de todo esto, es que el gobierno que actuó por fuera de las normas y cogió atajos para hacer aprobar la reelección, hace la guerra, no la reconoce e ignora sus consecuencias. El desplazamiento forzado, es la expresión dramática de una de las características más problemáticas y distintivas de la guerra irregular en el marco de las dinámicas estratégicas y militares de la geopolítica del conflicto. Los analistas del tema lo identifican y las cifras lo reafirman como un proceso que aún no se detiene y se hace cada vez más crítico, ya que a las personas en condiciones de desplazamiento forzado no se les vienen garantizando el goce efectivo de sus derechos.
Una de las consecuencias del desplazamiento es la separación abrupta de los miembros de los hogares, la desaparición forzada, el asesinato de miembros queridos, el acceso carnal violento en mujeres menores y mayores de edad, el resquebrajamiento de la unidad familiar, el desarraigo, la pérdida de tierra, cultivos, viviendas, muebles y enseres, que ha venido afectando a 31 departamentos del país, incluyendo a La Guajira.
Antioquia, Huila, Santander, Caquetá y Valle del Cauca son los departamentos donde han primado el desplazamiento forzado individual o familiar. Meta, Bolívar, Valle del Cauca, Chocó y Putumayo, son receptáculos de los mayores desplazamientos masivos.
A nivel itraurbano se destacan Bogotá, Buenaventura, Cúcuta, Bucaramanga y Barrancabermeja. En La Guajira ha primado el desplazamiento forzado bajo la modalidad de individual o familiar.
Por lo que dijo, el ministro parece tener dos objetivos. El primero, es tapar la poca efectividad de las políticas sociales en este sector poblacional, para quien la Corte Constitucional demanda del gobierno su atención efectiva con enfoque diferencial. En segundo lugar, el Ministro pretende de un plumazo borrar de la historia nacional la tragedia del desplazamiento. Él pretende dejarnos sin memoria.
En la historia oficial que quiere escribir el ministro cuando deje su cargo, es falso que los paramilitares que se movilizaron a la Alta Guajira con el apoyo de la fuerza pública, buscaron el control de los puertos, el ingreso de armas, combustible y mercancías de contrabando.
El ministro quiere dejar constancia en torno de que los campesinos y colonos de la Sierra Nevada bajaron al litoral norte de La Guajira en forma amigable y con "guarrara" en mano, para transmitirles sus conocimientos de eco y etnoturismo a los indígenas de Bahía Portete. Adicionalmente, quemar un poco de pólvora en la fiesta patronal y deleitarse comiendo chivo, ya que dicha especie no es muy abundante en el macizo montañoso.