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Mar, Abr

El tubo, no tuvo la culpa

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Cesar Arismendy Morales

Cesar Arismendy Morales

Columna: Reflexiones

e-mail: cesaridys@hotmail.com

Economista de la Universidad de los Andes y Licenciado en Ciencia Sociales de la Universidad Distrital de Bogotá. Cursó estudios de Planificación del Desarrollo Rural y Urbano en la Universidad de los Andes y en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya Holanda. Igualmente estudios de maestría en Desarrollo Regional en la Universidad de los Andes y cursos de Ciencias Políticas en la Universidad de Minnesota - Estados Unidos.



El derecho al agua está relacionado con el derecho a disponer de agua suficiente y a contar con instalaciones higiénicas seguras, accesibles física y económicamente, en un marco ambiental caracterizado por el acelerado crecimiento demográfico, los procesos de industrialización, el calentamiento global, el aumento de la contaminación y la creciente urbanización de la población.

El manejo efectivo de los sistemas de abastecimiento de agua potable y de saneamiento básico, son esenciales para mejorar la calidad de vida y la prosperidad de la población, condición necesaria para el desarrollo económico y social del Departamento de La Guajira. Estos servicios deben de ser sostenibles a través del tiempo en lo ambiental, social, cultural y económico.La situación del servicio de agua y saneamiento constituye uno de los mayores problemas del departamento y es de los que más tienen incidencia en los índices negativos de pobreza y miseria, salud pública, educación, desnutrición, altas tasas de NBI, bajo desarrollo económico y social, y en general, el que más pobreza genera.La mala calidad del servicio, las bajas coberturas, la irregularidad del suministro y la poca capacidad institucional de los municipios hacia el tema, ha redundado en una crisis constante en los componentes de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico.En 2011, los déficits de acueducto urbano se presentan en Uribia, Manaure y Maicao, municipios con las mayores concentraciones de población rural en la Alta Guajira. Allí son visible el bajo aprovechamiento de los sistemas no convencionales instalados en las comunidades indígenas para extracción de agua; el inadecuado tratamiento del agua; bajas coberturas de las empresas prestadoras de servicios públicos públicas y escazas inversiones en la instalación de acueducto en zonas rurales. Igualmente, se presentan dificultades en el suministro y provisión en el servicio de agua potable a través de carro tanque (cisterna) a las comunidades indígenas, en cumplimento al derecho humano al agua y su consumo mínimo vital.

En La Guajira tenemos importantes cuencas hidrográficas, muchas de ellas asociadas a la Sierra Nevada de Santa Marta y a la Serranía de Perijá, con ríos capaces de abastecer de agua a los 840 mil habitantes del departamento, entonces. Sin embargo, el 36% de los habitantes no tienen acceso al agua, es decir, que existe un gran contingente humano al cual no se le reconoce el derecho al agua, déficit social o desigualdad, que persiste muy a pesar de la cuantiosa inversión que se ha realizado a lo largo de 12 años, con cifras que se acercan al $ 1.1 billones en el sector. Todos nos preguntamos ¿por qué ha resultado tan difícil cumplir con el derecho al agua?

El caso de La Guajira no se parece para nada a la situación que padece el África subsahariana, en donde viven más de 300 millones de personas sin tener de donde tomar agua. Ellos no cuentan con fuentes hídricas, nosotros sí las tenemos.Nuestro eterno problema ha sido de transporte, asequibilidad y sostenibilidad del servicio. No hemos sido capaces de aplicar la tecnología del tubo. El gas de La Guajira se distribuye por intermedio de tres gasoductos que funcionan a la perfección y que lo hacen llegar a todos los departamentos de la Costa, a Bogotá y hasta Maracaibo, pero no hemos sido capaces de llevar el tubo de agua a Nazaret y a Puerto Estrella en donde se agrupa una significativa población indígena.

El tubo no tuvo la culpa. Han sido los gobiernos que han privilegiado el contrato de cuantiosos montos, las transacciones con los operadores y no los derechos de aquellos que nunca tienen agua.



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