Escrito por:
Cesar Arismendy Morales
Columna: Reflexiones
e-mail: cesaridys@hotmail.com
Economista de la Universidad de los Andes y Licenciado en Ciencia Sociales de la Universidad Distrital de Bogotá. Cursó estudios de Planificación del Desarrollo Rural y Urbano en la Universidad de los Andes y en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya Holanda. Igualmente estudios de maestría en Desarrollo Regional en la Universidad de los Andes y cursos de Ciencias Políticas en la Universidad de Minnesota - Estados Unidos.
La Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia en su artículo 41, determina prevenir y erradicar la desnutrición. En los 15 municipios del Departamento de La Guajira entre el 2011 y 2013 se pudo identificar que 5 de ellos (Albania, Barrancas, Dibulla, Fonseca y Maicao), se encuentran en peligro y cuatro de ellos se encuentran en alerta roja (Uribia, Manaure, Riohacha y San Juan del Cesar), por ser los que presentan los más altos índices de morbilidad por malnutrición, mortalidad en menores de 5 años e incremento de consultas medicas asociadas a enfermedades diarreicas.
En La Guajira las poblaciones más afectadas por el flagelo de la desnutrición son los grupos indígenas wayuu, arahuacos, wiwas y otros sectores pertenecientes a los estratos más vulnerables, localizados en su gran mayoría en la zona rural y en centros poblados dispersos de difícil acceso, con vías de comunicación en mal estado o inexistentes, escaso servicio de energía y agua potable.
La responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria y especialmente de prevenir la morbimortalidad infantil por desnutrición, está asignada por norma a diferentes actores públicos con responsabilidades distribuidas por niveles de competencias, algunas directas y otras de complementariedad.
Las IPS y EPS tienen responsabilidades directas. En el 2013, 15 de los 19 niños que murieron por desnutrición tenían afiliación al Sistema General de Seguridad Social. Ellas en La Guajira no hacen de manera regular los seguimientos en terreno a las madres gestantes y lactantes, lo que pone en grave riesgo la salud del menor. Tampoco realizan un adecuado seguimiento al crecimiento de los niños y las niñas. La red hospitalaria pública y privada, presenta un déficit de intérpretes o hablantes de wuayuunaiki, hecho que impide una real comunicación.
En La Guajira es necesario revisar los niveles de eficacia que están teniendo las políticas, programas y proyectos desarrollados por los diferentes actores que intervienen en la atención de la seguridad alimentaria y la prevención de la morbimortalidad infantil por desnutrición.
La mayoría de los proyectos que se adelantan, incluyendo los del ICBF son eminentemente asistencialistas. Ellos no incluyen directamente la labor de valoración pre y post, por lo tanto no, hay seguimiento al crecimiento y desarrollo de niñas y niñas menores de 5 años. Las actividades de las instituciones de salud se limitan a las que se hacen por consulta médica hospitalaria, pero no se coordinan con los programas de seguridad alimentaria.
De acuerdo a los planes de desarrollo y al perfil de cada territorio, se deben diseñar políticas públicas y modelos de intervención especiales que consideren acciones integrales que respondan a eventos propios dentro del territorio, como la prevalencia de morbimortalidad y bajo peso al nacer, también el seguimiento, evaluación y ajustes efectivos a los modelos de intervención para cada municipio.
El Departamento de La Guajira y sus municipios deben tomar acciones correctivas para mejorar la disponibilidad y el abastecimiento de alimento y agua a los hogares. Es necesario intervenir las comunidades para mejorar el conocimiento del valor nutricional de los alimentos y su uso apropiado, ya que muchas no tienen una correcta educación nutricional.
Es necesarios que todos los actores del sistema, entidades territoriales, ONGS y fundaciones, hospitales, IPS y EPS que actúan en el territorio realicen un trabajo articulado en pro de focalizar, establecer y eliminar factores de riesgo de morbimortalidad y bajo peso al nacer. Igualmente desarrollar un esquema de vigilancia y control de intervenciones focalizadas, ajustadas a factores socioculturales con acceso a agua potable.
La desnutrición es derrotable, pero se requiere convocar a la nación a través de sus diferentes ministerios a suscribir un gran pacto social por La Guajira, a través de la suscripción de un Conpes especial para intervenir pobreza extrema. Desde allí se pueden planificar y realizar acciones de mediano y largo plazo que permitan abandonar las prácticas asistencialistas y asegurar una verdadera seguridad con autosuficiencia alimentaria en la región.