Escrito por:
Cesar Arismendy Morales
Columna: Reflexiones
e-mail: cesaridys@hotmail.com
Economista de la Universidad de los Andes y Licenciado en Ciencia Sociales de la Universidad Distrital de Bogotá. Cursó estudios de Planificación del Desarrollo Rural y Urbano en la Universidad de los Andes y en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya Holanda. Igualmente estudios de maestría en Desarrollo Regional en la Universidad de los Andes y cursos de Ciencias Políticas en la Universidad de Minnesota - Estados Unidos.
Colombia se ubica entre los tres territorios a escala mundial que en gran medida sufrirá los efectos y estragos del cambio climático, situación que en los últimos años ha generado fuertes debates debido a la falta de instrumentos catalizadores que al menos permitan reducir el nivel de afectación ecosistémica, social y económica en las regiones.
Las muestras de compromiso y responsabilidad impuestas por diversas naciones a través políticas y acuerdos internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, orientadas a la reducción de emisiones contaminantes, implantación de medios sustentables para mitigar el progresivo incremento de las temperaturas del planeta, deterioro ecológico, deshielo de los polos, aumento de los niveles del mar, entre otros factores desencadenantes del calentamiento global, no han generado un verdadero impacto, pues países como Estados Unidos uno de los mayores emisores de gases efecto invernadero no ha ratificado los protocolos determinados por consenso.
En esta medida, las repercusiones económicas y biológicas de los eventos cíclicos que caracterizan al cambio climático, afectarán el bienestar de la humanidad, de ahí la importancia que ha cobrado ante este nuevo escenario el término “Adaptación” definido por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático - IPCC como: “Ajuste en los sistemas naturales o humanos como respuesta a estímulos climáticos actuales o esperados, o sus impactos, que reduce el daño causado y que potencia las oportunidades benéficas”. Las medidas de adaptación buscan reducir el nivel de vulnerabilidad y riesgos de la población, la comunidad, y el entorno biofísico que los rodea.
El Informe de Estado de los Recursos y del Ambiente 2012-2013, elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), explica con detalle el estado de los páramos, la eficacia de la implementación de políticas ambientales nacionales y departamentales tanto en ejecución de programas como del presupuesto, además de exponer el nivel de avance en cuanto a disminución de contaminación en el aire.
En este documento, fueron enfáticos en la debilidad de las autoridades ambientales, subordinadas a los sectores productivos que no han interiorizado adecuadamente el impacto ambiental que generan sus actividades productivas. Adicionalmente destacan la ineficiencia de las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR por falta personal capacitado en temas de autoridad y conservación ambiental, falta de controles sobre la actividad minera (mega y pequeña minería), ineficacia en su gestión presupuestal y administrativa, inexistencia de estrategias sectoriales de desarrollo bajo en carbono ni planes de adaptación al cambio climático.
En el caso del departamento de La Guajira, su composición geográfica lo ubica entre las regiones que mayores consecuencias sufrirá frente a los efectos del calentamiento global, escenario desalentador ante las posibilidades de desarrollo de un territorio complejo y caracterizado por las necesidades básicas sin satisfacer de gran parte de la población.
El panorama induce a priorizar medidas sostenibles y sustentables que reduzcan su nivel de exposición en el entorno que los rodea, pues durante los últimos 5 años en el departamento son recurrentes los casos de reducción de caudales de ríos, desertización y desertificación, erosión marino costera, olas de calor e inundaciones que afectan la producción agropecuaria. Durante estos días los ganaderos han tenido considerables pérdidas, ya que sus animales mueren de sed, tendencias irreversibles que directa o indirectamente desequilibrarán el bienestar de la comunidad.