Escrito por:
Cesar Arismendy Morales
Columna: Reflexiones
e-mail: cesaridys@hotmail.com
Economista de la Universidad de los Andes y Licenciado en Ciencia Sociales de la Universidad Distrital de Bogotá. Cursó estudios de Planificación del Desarrollo Rural y Urbano en la Universidad de los Andes y en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya Holanda. Igualmente estudios de maestría en Desarrollo Regional en la Universidad de los Andes y cursos de Ciencias Políticas en la Universidad de Minnesota - Estados Unidos.
Lo que muestran las cifras recientemente publicadas por el DANE sobre la pobreza monetaria en Colombia, es que ella tiene una fuerte dimensión espacial. La pobreza y la desigualdad se han convirtieron en una patología nacional. Sus indicadores y niveles muy poco ceden cuando se miran desde una perspectiva general. El profesor José Antonio Ocampo adscrito a la facultad de Facultad de Economía de la Universidad de los Andes como investigador y asesor científico, comenta que ello es el reflejo de lo que ha sido nuestra realidad histórica en el contexto latinoamericano, en donde se consolidan niveles de desigualdad y pobreza de las más precarios del mundo. Solamente Brasil y Chile, a partir de reformular su modelo de desarrollo económico han podido disminuirla de manera significativa.
La dimensión espacial de la pobreza y la desigualdad nos obliga a desagregarla. En esta otra perspectiva vemos que La Guajira avanzó muchísimo. El indicador de pobreza disminuyó casi 2.5 veces comparado con el promedio. Igual, en la disminución de la pobreza extrema que bajo 6 veces el promedio nacional. Esto significa que nos encontramos en una destorcida de la pobreza y la pobreza extrema que por mucho rato y posterior al 2005 se mantuvo en un techo cerca del 64,2% y 37,6% respectivamente.
En desigualdad, La Guajira también avanzó. Progresamos más que el nivel nacional, aunque si nos viéramos como un país estaríamos en el grupo de los más rezagados del mundo. Independientemente de ello, esto nos hace pensar en que si se puede trabajar para cerrar las brechas que existen en lo económico y en lo social. Igualmente, pensar en un futuro esperanzador.
Es por ello que sus autoridades administrativas debemos enfrentar el desafío que representa la inclusión de cerca de 40 mil hogares conformado por 180 mil hombres, mujeres, niños y niñas que se encuentran en dichas condiciones. El departamento y sus municipios debemos enfrentar los retos de este ideal, que no solo favorecen sus condiciones de bienestar, crecimiento y desarrollo, sino que también se constituye en un claro imperativo ético.
En la trampa de la pobreza se crean barreras que se transforman en desventajas, modalidad de exclusión que se consolidan como estigmas y discriminación. Para evitar que la pobreza siga agitando la correa de su transmisión generacional y llevando a significativos grupos sociales a la autoexclusión, tenemos que actuar decididamente para intervenirla. Para ello hay que visibilizarla, escuchar esas voces, con el objetivo de detener la tendencia que llevan las personas que se encuentran en ella, que les niegan sus posibilidades de participar del crecimiento económico, en el mejoramiento de las condiciones de vida, de la participación social y la democracia.
Los gobiernos territoriales a través de los planes de desarrollo municipales y el departamental, deben trabajar de manera significativa en la pobreza como un tema multidimensional y focalizar la población sujeto de intervención. Independientemente de los problemas de cobertura que se tienen, la base de datos de la Red Unidos nos sirve para que los gobiernos nos podamos concentrar en llevarles ofertas de servicios estatales a estas poblaciones. El gobierno departamental debe complementar las acciones de los gobiernos locales y no ser su competencia. Para impactar pobreza, hay que crear músculos administrativos y fortalezas partiendo de la confianza entre funcionarios, que finalmente se transmiten como capacidades a las instituciones y a la sociedad.