Escrito por:
Cesar Arismendy Morales
Columna: Reflexiones
e-mail: cesaridys@hotmail.com
Economista de la Universidad de los Andes y Licenciado en Ciencia Sociales de la Universidad Distrital de Bogotá. Cursó estudios de Planificación del Desarrollo Rural y Urbano en la Universidad de los Andes y en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya Holanda. Igualmente estudios de maestría en Desarrollo Regional en la Universidad de los Andes y cursos de Ciencias Políticas en la Universidad de Minnesota - Estados Unidos.
Con la explotación de los recursos naturales, sal, gas, carbón y energía eólica, en La Guajira aparecieron las agencias innovadoras, operadores y corporaciones multinacionales quienes autorizadas por el Estado a través de las licencias ambientales, gastaron tiempo y recursos económicos en convencer a las autoridades y comunidades de las zonas de influencia inmediata, de que las iniciativas por ellas emprendidas impactarían positivamente a la región en lo económico, social, ambiental y cultural. Los impactos negativos previamente identificados, serían mitigados y controlados a través de acciones específicas.
Así se inició en La Guajira una fase de su desarrollo con base en la presencia de las agencias de desarrollo y corporaciones multinacionales como ECOPETROL, Chevrom – Texaco, Promigas, Exxon - Intercor – Cerrejón, DONI-PRODECO-AUXINI, EPM y PVDSA. Sus operaciones han tenido un denominador común. Los proyectos de explotación de recursos naturales se han caracterizados por ser rápidos, masivos y compulsivos. Rápido, porque se estipulan bajo un eficiente cronograma en donde se define un inicio y un final. Masivo, ya que los proyectos generalmente involucran comunidades locales afectadas y son objeto de planes de mitigación de impactos ambientales. Compulsivos, debido a que se generan desplazamientos poblacionales, señalando el desarrollo de un proceso de relocalización.
A partir del accidente del Exxon Valdez en Marzo de 1989, las agencias multinacionales asumieron que todos los impactos ambientales de un proyecto industrial o de explotación de recursos naturales deben hacer parte de sus costos operacionales. De ahí se derivaron los llamados planes de gestión social de las empresas, que no fueron más que el diseño de obras y acciones tendientes a garantizar la responsabilidad social que estas corporaciones tienen sobre el desarrollo de las comunidades que se encuentran en el área de la explotación.
Así lo comprendieron y lo establecieron empresas como el Cerrejón, Promigas, la Chevron-Texaco y la EPM , quienes de alguna manera vienen trabajando con grupos comunitarios en la zona de influencia inmediata de sus proyectos. En la actualidad ello debe cambiar. Es un imperativo para estas multinacionales establecer un quiebre histórico a la gestión hasta ahora realizada. Es decir, pasar de actividades puntuales y desarticuladas a trabajar muy de cerca a los procesos de complementación de los planes de desarrollo de los municipios y del departamento.
Este propósito está inmerso en la nueva ética del capital, la cual fue reiterada en las recientes deliberaciones del foro económico mundial de Cartagena, en donde participaron importantes empresarios de los diferentes puntos cardinales del planeta. La rentabilidad de las empresas en un mundo globalizado no tiene sentido si estas no inciden para generar bienestar en las comunidad que se encuentran establecidas en su entono. Es necesario jugar limpio.
La nueva función social empresarial debe estar sustentada sobre la inclusión de las comunidades. Las corporaciones multinacionales deben ser incluyentes adoptando posturas en defensa de lo ambiental y lo comunitario. Así como las empresas establecen sus planes operativos, deben elaborar exigentes agendas de responsabilidad social empresarial. Como guajiro espero que las empresas multinacionales asentadas en nuestro departamento, demuestren con hechos contundentes los alcances de la minería responsable a partir de la esperada armonía que deben mantener con su entorno comunitario.