Escrito por:
Cesar Arismendy Morales
Columna: Reflexiones
e-mail: cesaridys@hotmail.com
Economista de la Universidad de los Andes y Licenciado en Ciencia Sociales de la Universidad Distrital de Bogotá. Cursó estudios de Planificación del Desarrollo Rural y Urbano en la Universidad de los Andes y en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya Holanda. Igualmente estudios de maestría en Desarrollo Regional en la Universidad de los Andes y cursos de Ciencias Políticas en la Universidad de Minnesota - Estados Unidos.
Con la explotación de los recursos naturales, sal, gas, carbón, energía eólica apareció la locomotora de la extracción minera, con agentes innovadores, operadores y corporaciones quienes autorizadas por el Estado y basadas en estudios de impacto ambiental, gastaron parte de su tiempo en convencer a las autoridades y comunidades de las zonas de influencia inmediata, que los proyectos que emprendieron incidirían positivamente en lo económico, social, ambiental y cultural.
Los hechos negativos previamente identificados, serían mitigados y controlados a través de acciones específicas.
Así comenzaron su presencia en La Guajira las agencias de desarrollo y las multinacionales como ECOPETROL, Chevrom - Texaco, Promigas, Exxon - Intercor - Cerrejón, DONI-PRODECO-AUXINI, EPM y PVDSA. Las operaciones tuvieron un denominador común. Los proyectos de explotación de recursos naturales se han caracterizados por ser rápidos, masivos y compulsivos. Rápido, porque se estipulan bajo un eficiente cronograma en donde se define un inicio y un final. Masivo, ya que los proyectos generalmente involucran comunidades locales afectadas y son objeto de planes de mitigación de impactos ambientales. Compulsivos, debido a que se generan desplazamientos poblacionales, señalando el desarrollo de un proceso de relocalización.
A partir del accidente del Exxon Valdez en Marzo de 1989, las agencias multinacionales asumieron que todos los impactos ambientales de un proyecto industrial o de explotación de recursos naturales hacen parte de sus costos operacionales. De ahí se derivan los llamados planes de gestión social de las empresas, que no son más que el diseño de obras y acciones tendientes a garantizar la responsabilidad social que estas corporaciones tienen en desarrollo de las comunidades que se encuentran en el área de explotación. Estas deben ser entendidas como una compensación producto de las impactaciones ambientales negativas.
De esa manera lo han comprendido empresas como el Cerrejón, Promigas, la Chevron-Texaco y la EPM, quienes de alguna manera vienen trabajando con grupos comunitarios en la zona de influencia inmediata de sus proyectos. Es un imperativo ético que estas generen un quiebre histórico a su gestión. Es decir, pasar de actividades puntuales y desarticuladas a trabajar muy de cerca en los procesos de complementación de los planes de desarrollo de los municipios y del departamento.
Cada entidad tiene su misión, visión y su propio estilo de negociación. La solicitud de inclusión de las comunidades indígenas de Alto Pino y Ushuru, de manera forzada mediante tutela, en su momento dejó muy mal parada a PDVSA quien opera como una multinacional clásica y sin horizontes. Muy a pesar de la vanguardia pro pobre que reclama desde Venezuela, en nuestra región esta corporación no ha dado muestra de tener delimitados sus objetivos en lo ambiental y comunitario. No se justifica que a la fecha falten por incorporar a sus planes comunidades indígenas de la zona de influencia inmediata del gasoducto binacional fronterizo. Lo acumulado es una alta frustración colectiva en el entono del proyecto, sobresaliendo una serie de errores que hacen dudar que lo ambiental sea parte integral de su política corporativa y un objetivo del gobierno que representa. Todo parece indicar que es un tren que no anda sobre rieles.