La declaración juramentada del exalcalde de Albania, Yankeler Hernández Erazo, en el marco de la audiencia de juzgamiento contra la exgobernadora de La Guajira, Oneida Rayed Pinto Pérez, abrió una ventana sobre el funcionamiento interno de su administración entre 2008 y 2011, especialmente en relación con el polémico programa de mortalidad infantil.
Durante su declaración ante la justicia, aceptó que con anterioridad se acogió al principio de oportunidad para recibir beneficios y además, relatar los hechos sin reservas y colaborar con la Fiscalía en procesos que hoy involucran a múltiples actores del municipio. Reconoció que enfrenta investigaciones por contratos de adoquines, mejoramiento de vivienda y convenios relacionados con programas de salud pública, todos derivados de su paso por la administración municipal.
Reuniones, decisiones y un convenio trazado desde antes
Hernández Erazo aseguró que, antes de la firma del convenio 008 de 2011 —vinculado al programa de mortalidad infantil—, se realizó una reunión en una vivienda del barrio El Molino donde se definieron los lineamientos centrales del contrato. A ese encuentro asistieron, según su testimonio, la entonces asesora Oneida Rayed Pinto Pérez, la directora del hospital San Rafael, Cleopedora Piedra, el secretario de Salud y funcionarios de presupuesto.
En dicha reunión se acordó trasladar la ejecución del programa desde una fundación hacia la estructura del hospital, decisión que —según el exalcalde— facilitaba un mayor control para Pinto Pérez debido a su cercanía con la gerente del centro asistencial. También se discutieron directrices, posibles interventorías y el origen de los recursos, siguiendo orientaciones que Pinto Pérez habría traído de gestiones adelantadas en Bogotá.
La firma del convenio y el rol dominante de Pinto Pérez
Aunque al inicio no recordaba la fecha exacta, Hernández Erazo confirmó su firma en el convenio 008, fechado el 3 de marzo de 2011. Señaló que las bases de ese contrato surgieron de la reunión previa y de los viajes que Pinto Pérez realizaba con frecuencia a Bogotá, manteniendo comunicación directa con ministerios y entidades nacionales.
Sostuvo que en Albania “no se movía nada” sin la aprobación de Pinto Pérez, quien —afirmó— influía directamente en decisiones administrativas, nombramientos y orientación de programas estratégicos. Aseguró además que la directora del hospital San Rafael fue escogida por su cercanía familiar con ella y que el traslado del programa al centro asistencial permitía supervisar personal y recursos con mayor control político.
El giro judicial y el testimonio contra Pinto Pérez y Parra Córdoba
Tras varios años privado de la libertad, Hernández Erazo decidió convertirse en testigo de cargo en los procesos que enfrenta la exgobernadora Oneida Pinto y su entonces esposo, Pablo Parra Córdoba. Es importante recordar que antes de llegar a la Alcaldía él fue conductor y hombre de confianza de Pinto Pérez, y reconoció que durante su administración ella mantuvo control sobre decisiones sensibles y sobre la estructura política local.
Abogado de Oneida Pinto presiona a Yankeler con preguntas cerradas
El contrainterrogatorio del abogado Antonio González Navarro, defensor de confianza de Pinto, estuvo marcado por un tono firme y preguntas cerradas orientadas a precisar si existieron compromisos políticos, favores administrativos y direccionamientos en los convenios. González insistió en que Hernández Erazo respondiera únicamente con “sí” o “no”, argumentando la necesidad de evitar ambigüedades y de respetar el uso de la palabra en estrados judiciales.
Durante la sesión, Hernández reconoció acuerdos políticos con Pinto Pérez y Pablo Parra, y confirmó que varios programas sociales —incluido el de mortalidad infantil— fueron utilizados para sostener la estructura política local. Admitió que recursos del convenio terminaron apoyando la campaña de Pinto, quien posteriormente resultó elegida gobernadora de La Guajira, aunque negó haberse apropiado de dinero para beneficio propio.
La juez intervino en varias ocasiones para moderar el lenguaje, evitar repeticiones y mantener el orden del interrogatorio. En medio del intercambio, Hernández detalló el camino interno de los convenios, la revisión jurídica, los vistos buenos y la participación de funcionarios que influían en la elaboración de documentos. Reiteró que su compromiso con el principio de oportunidad es relatar los hechos con exactitud, incluidos los procesos de contratación y la continuidad de programas heredados.
Un interrogatorio que deja dudas sobre la solidez del testimonio
El desarrollo del contrainterrogatorio dejó la impresión de que el testimonio de Hernández Erazo enfrentó dificultades ante las preguntas cerradas del jurista González Navarro. Para algunos observadores, este cruce podría significar un respiro para las defensas tanto de Oneida Pinto como también la de Pablo Parra, ya que varias respuestas del exalcalde mostraron vacíos, contradicciones o falta de certeza frente a hechos importantes del proceso.