Por: Ariel Quiroga Vides
La derecha democrática tiene el deber de hablar, pero hoy prefiere sobrevivir antes que enfrentar.
En el Magdalena, el Estado es una ficción administrativa. El verdadero gobierno lo ejercen los grupos armados. No es una metáfora ni una exageración retórica: es la descripción más honesta de la realidad. La confrontación no es —como debería— entre las fuerzas del Estado y las estructuras criminales, sino entre los propios grupos armados, que se disputan territorios, rentas, rutas y obediencias.
Los asesinatos son diarios. Las masacres dejaron de conmocionar. El miedo se normalizó. Y mientras tanto, en cada rincón de Santa Marta y del departamento opera un sistema judicial alterno, ilegal pero eficaz: los criminales dirimen conflictos vecinales, cobran deudas, resuelven disputas familiares y ejecutan sentencias sin apelación.
Hoy, una letra de cambio vale menos que una amenaza armada. Un proceso ejecutivo es visto como una pérdida de tiempo. Resulta más “eficiente” entregar la deuda a los violentos, pagar su comisión y permitir que la cobren con sangre. Ese es el nivel de degradación institucional al que hemos llegado.
Hace poco se conoció la noticia de un supuesto bombardeo contra uno de los criminales más letales de estas estructuras. El resultado fue predecible: una andanada de versiones contradictorias, comunicados confusos y un Ejército Nacional que parece actuar con una inoperancia cuidadosamente calculada. Da la sensación de que se avisa antes de incursionar, de que la sorpresa —elemento básico de cualquier operación militar seria— se sacrifica en el altar del miedo político, el escándalo mediático o la comodidad institucional.
El desenlace, como casi siempre, fue irrelevante: ningún control territorial recuperado, ningún golpe estratégico real, ningún mensaje de autoridad. Y lo verdaderamente humillante vino después. Uno de esos jóvenes criminales —al que intentaron capturar o dar de baja y logró escapar— hoy se burla del Estado colombiano en TikTok. Sin pudor, sin miedo, sin la más mínima noción de misericordia. Se ríe de las Fuerzas Armadas, de la institucionalidad y de una sociedad que ya no espera justicia, sino apenas sobrevivir.
Esa escena resume la tragedia del Magdalena: el Estado persigue, falla y calla; el criminal manda, escapa y se exhibe.
Y, sin embargo, en medio de esta realidad que hizo metástasis hace tiempo, la clase política guarda silencio. En plena parafernalia electoral, no he visto a un solo candidato —y menos aún a quienes ya tienen casi asegurada una curul en la Cámara de Representantes— pronunciar una palabra clara sobre el dominio criminal del territorio.
El carnaval de promesas, abrazos calculados y discursos vacíos se repite cada cuatro años. Tamboras, sonrisas ensayadas y fotografías entre candidatos millonarios y poblaciones empobrecidas, como si el problema del Magdalena fuera la falta de optimismo y no la ausencia total de autoridad legítima.
Ese silencio tiene, al menos, dos explicaciones posibles. Y como diría Jaime Bayly: no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
La primera: alianzas criminales. Acuerdos parapolíticos en versión local, más pequeños, más discretos, pero igual de corrosivos. Pactos sellados en la Sierra Nevada o en la Zona Bananera, según de dónde deban salir los votos y quién garantice el “orden” el día de elecciones.
La segunda: miedo. Miedo real, concreto, físico. La certeza de que negarse a negociar con los armados puede costar una bala en la frente. Y aunque ese miedo sea comprensible, no deja de ser una confesión devastadora: quienes aspiran a gobernar no se sienten capaces de enfrentar a quienes ya gobiernan con las armas.
Me identifico como liberal de derecha, y hago aquí una crítica a mi propio espectro ideológico. No como ataque personal —que los obtusos no lo tomen así— sino como un llamado urgente a corregirnos. Porque, en teoría, somos quienes decimos tener las llaves de las soluciones: orden, autoridad, imperio de la ley y defensa sin complejos de la vida y la libertad.
Y, sin embargo, la derecha en el Magdalena —a la que he acompañado no como militante, sino como afin ideológico— está electoralmente viva, pero moralmente muerta. Sin referentes éticos, sin carácter y sin un accionario real para enfrentar la crisis de seguridad. Administramos silencios, pactamos omisiones y confundimos prudencia con cobardía.
¿Y por qué no digo nada de la izquierda que gobierna el departamento? Porque de la izquierda, en materia de seguridad, nunca se puede esperar contundencia, sino complacencia y componendas. Eso hace parte de su corolario de principios. Para ellos, dialogar en medio del charco de sangre de inocentes es la regla; cerrar los ojos ante las injusticias selectivas, su brújula. La solución jamás vendrá de esa orilla.
Pero precisamente por eso, a la derecha democrática se le exige más. Mayor altura moral. Mayor claridad. Mayor firmeza. Y hoy hay que decirlo sin rodeos: estamos mordiendo el polvo de nuestras propias miserias.
Esta crisis no se va a quedar donde está. Avanza a paso firme. Lo que hoy ocurre en los barrios periféricos mañana tocará las puertas de las oficinas administrativas, las empresas, los juzgados y los palacios de gobierno. La historia latinoamericana es clara: cuando el Estado abdica, el crimen no se conforma con las esquinas.
Y al final —conviene decirlo sin eufemismos— el bandido no distingue ideologías ni apellidos. Solo reconoce dos categorías: el obediente y el enemigo. Quienes hoy creen que el silencio los protege, mañana descubrirán —demasiado tarde— que la neutralidad no existe cuando el poder está en manos de los violentos.
Aquí no hay vacío de poder. Hay poder criminal consolidado, un Estado reducido a comunicados y una dirigencia que prefiere bailar en campaña y callar… porque hablar cuesta, y callar, en el Magdalena, sigue siendo más rentable.
Con profundo asco y dolor
