La Comisión de Verificación Humanitaria alertó sobre una degradación acelerada del conflicto armado en Tibú y El Tarra, con uso de drones con explosivos, cierre total de escuelas, confinamiento y graves afectaciones a comunidades, líderes sociales y población migrante. El informe exige respuesta urgente del Estado.
La Comisión de Verificación Humanitaria presentó hoy en Cúcuta un informe que confirma el deterioro crítico de la situación humanitaria en el Catatumbo, tras una misión realizada en los municipios de Tibú y El Tarra, específicamente en Filogringo, Versalles, Campo Seis y Bertrania. La verificación estuvo liderada por Vivamos Humanos, la Coordinadora Humanitaria y la Mesa Humanitaria de Catatumbo, con acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU, ONU Derechos Humanos, la Consejería para las Regiones, la Gobernación de Norte de Santander, ACNUR y la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades.
El documento presentado revela una acelerada degradación del conflicto armado caracterizada por el uso sistemático de drones con explosivos, artefactos improvisados y minas antipersonal en zonas pobladas. Estas acciones han afectado viviendas, escuelas, caminos y fuentes hídricas. Asimismo, se registraron combates dentro de cascos urbanos, ocupación de viviendas, saqueos y destrucción de bienes civiles, además de impactos atribuibles a operaciones de la Fuerza Pública que alcanzaron a la población.
La Comisión documentó el cierre total de instituciones educativas, afectando a más de 1.000 niños, niñas y adolescentes que hoy enfrentan la pérdida del año escolar y un incremento en el riesgo de reclutamiento forzado. Se reportaron casos de vinculación forzada de menores, en especial niñas y adolescentes, además de violencias basadas en género.
El informe también advierte sobre un confinamiento severo, restricciones extremas a la movilidad, crisis alimentaria y bloqueo de actividades productivas. Pese a ello, se reportaron retornos sin garantías suficientes, en un escenario marcado por la ausencia institucional. La situación del liderazgo social es alarmante: al menos 51 líderes y lideresas de Juntas de Acción Comunal han sido asesinados, desplazados o amenazados, debilitando de forma crítica el tejido organizativo de las comunidades.
La salud mental de la población se encuentra en estado de emergencia. La Comisión registró altos niveles de ansiedad, insomnio, depresión y miedo permanente, particularmente entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Las familias migrantes venezolanas, por su parte, enfrentan mayores barreras debido a restricciones institucionales y la falta de rutas claras de atención.
Durante la presentación del informe, la Comisión insistió en que la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente y urgió a adoptar medidas inmediatas de carácter humanitario. Entre las recomendaciones destacan la activación de mecanismos de protección, atención psicosocial, entrega sostenida de ayuda humanitaria, restablecimiento educativo, ingreso de equipos de desminado y la reactivación de canales de diálogo con el ELN y el Frente 33 del EM-BF.
La Comisión llamó al Gobierno a asumir con urgencia la gravedad de la situación y a coordinar una intervención integral que responda a los hallazgos del informe y proteja la vida y la dignidad de las comunidades del Catatumbo.
