El Ministerio Público convocó una nueva mesa técnica preventiva para analizar los impactos financieros, jurídicos y sociales de la iniciativa que adelanta el Gobierno Nacional.
La Procuraduría General de la Nación avanza en el seguimiento preventivo al proyecto de decreto que busca modificar el régimen de inversiones de los fondos de pensiones en Colombia. En ese marco, el organismo convocó una segunda mesa técnica con el propósito de evaluar los riesgos asociados a la iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional a través de la Unidad de Regulación Financiera (URF).
La convocatoria es liderada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, junto con la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, como parte de su función constitucional de prevención y control.
Este nuevo espacio técnico da continuidad a una primera jornada de análisis en la que se revisaron los fundamentos financieros, jurídicos y técnicos del proyecto, así como sus eventuales efectos sobre la economía y el sistema pensional.
Análisis de impactos y estabilidad del sistema
Durante el proceso de seguimiento, el Ministerio Público advirtió la necesidad de profundizar en aspectos clave del proyecto normativo, entre ellos los riesgos de mercado y de reinversión, así como los posibles efectos sobre la duración, el rendimiento y la diversificación de los portafolios administrados por los fondos de pensiones.
También se planteó la importancia de evaluar la capacidad del mercado financiero local para absorber los cambios propuestos, sin afectar la estabilidad del sistema ni poner en riesgo la protección del ahorro de millones de afiliados.
Las Procuradurías Delegadas aclararon que esta actuación se desarrolla en un escenario interinstitucional, técnico y no vinculante, sin interferir en las competencias propias de las autoridades regulatorias.
Mesa técnica con actores del sector
La segunda mesa técnica preventiva fue programada para el martes 20 de enero de 2026 y contará con la participación de entidades del Gobierno nacional, organismos de supervisión, representantes del mercado financiero, centros de estudio y expertos en la materia.
El objetivo central será anticipar riesgos, fortalecer la transparencia del proceso regulatorio y promover una mayor coordinación institucional, en un tema considerado estratégico para la confianza del sistema pensional.
Este seguimiento se sustenta en normas como la Ley 100 de 1993, la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 857 de 2011, y reafirma el compromiso de la Procuraduría con la defensa del ahorro pensional y la estabilidad financiera del país.
