Un juez negó una acción de tutela contra el decreto de emergencia económica y dejó en manos de la Corte Constitucional el análisis de fondo sobre su legalidad.
La emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional continuará en firme luego de que un juez de Bogotá negara una acción de tutela que buscaba frenar su aplicación inmediata.
La decisión judicial permitió que el decreto, expedido a finales de diciembre de 2025, siga produciendo efectos mientras se surte el control constitucional correspondiente, tal como lo establece la ley.
El fallo marca un nuevo capítulo en el debate jurídico y político que se ha generado alrededor de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para atender la coyuntura económica del país.
Tutela no reemplaza control constitucional
La acción judicial fue presentada por la senadora Paloma Valencia, junto a otros ciudadanos, contra el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Los demandantes buscaban suspender los efectos del decreto, argumentando posibles vulneraciones al orden constitucional y a derechos fundamentales derivados de las medidas económicas adoptadas.
Sin embargo, el juez consideró que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para cuestionar la constitucionalidad de un decreto de emergencia, ya que esa función recae exclusivamente en la Corte Constitucional.
Decisión del juez
y próximos pasos
En su argumentación, el despacho judicial explicó que, incluso durante periodos de vacancia judicial, el control de los decretos de emergencia debe ser ejercido por la Corte Constitucional y no por jueces de tutela.
Por esta razón, el juez resolvió mantener la vigencia del decreto, dejando claro que su legalidad será analizada en el escenario correspondiente y conforme a los procedimientos establecidos. De no presentarse recursos adicionales, el expediente será remitido a la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra sobre la validez de la emergencia económica y las medidas que de ella se desprenden.
