Una acción jurídica cuestiona el uso de facultades extraordinarias por parte del Ejecutivo y pide tumbar el decreto de emergencia económica expedido a finales de 2025.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro fue objeto de una denuncia ante la Corte Constitucional, en la que se cuestiona la legalidad del decreto de emergencia económica expedido en diciembre de 2025, bajo el argumento de una presunta extralimitación de funciones por parte del Ejecutivo.
La acción fue presentada por el abogado David Cote, quien solicitó al alto tribunal revisar y eventualmente dejar sin efectos el decreto mediante el cual el Gobierno adoptó medidas económicas extraordinarias, al considerar que no se cumplían los requisitos constitucionales para declarar un estado de emergencia.
Cuestionamientos al uso de poderes excepcionales
Según el demandante, el Ejecutivo habría recurrido a la figura de la emergencia económica para adoptar decisiones de alto impacto fiscal sin el debido control político, aprovechando el receso legislativo y judicial de fin de año. A su juicio, este escenario limitó el debate democrático y la supervisión institucional sobre las medidas adoptadas.
Entre los principales reparos se encuentra la inclusión de disposiciones tributarias, como nuevos gravámenes, que, según la denuncia, debieron tramitarse a través del Congreso y no mediante decretos con fuerza de ley.
Impuestos y polémica fiscal
El caso también reavivó el debate por la expedición de normas reglamentarias asociadas al decreto, entre ellas disposiciones que establecen el IVA del 19 % para bebidas alcohólicas y apuestas en línea, medidas que entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2026 y que han generado reacciones en distintos sectores económicos.
Los críticos sostienen que estas decisiones tienen efectos directos sobre consumidores y empresas, por lo que debieron ser objeto de un mayor análisis y discusión legislativa antes de su implementación.
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La Corte entra a evaluar el caso
La denuncia quedó en manos de un magistrado ponente de la Corte Constitucional, que deberá analizar si las circunstancias alegadas por el Gobierno justificaban la declaratoria de emergencia y si las medidas adoptadas se ajustan a los límites establecidos por la Carta Política.
El pronunciamiento del alto tribunal será clave para definir el alcance de las facultades extraordinarias del Ejecutivo y sentar un precedente sobre el uso de estados de excepción en materia económica.
