Se inicia un nuevo periodo en la historia política de Colombia con la elección del nuevo presidente, Dr. Juan Manuel Santos Calderón, quien recibirá una administración con muy pobres resultados en su gestión a lo largo de ocho años consecutivos en sectores tan álgidos como la salud, en un estado crítico enmarcado en paños de agua tibia que no alcanzan a detener el proceso de descomposición interna que vive a raíz de la implementación de la Ley 100 y sus reglamentaciones.
Cada cual más dañina para los colombianos que tienen su salud en manos de este pavoroso maremágnum en el que prima el comercio sobre el bienestar de los usuarios y en el que todas las entidades que manejan el sector se han convertido en empresas altamente productivas a cambio de una muy cuestionable calidad en su desempeño como tales y unas historias de ingrata recordación con pacientes que sufrieron paseos de la muerte, negativas de procesos cruciales para supervivencia por sus altos costos, negativa de medicamentos preciosos para recuperar su alud por la misma causa y muchos episodios que definen al sector como un mercado que comercia con la vida de los usuarios.
En educación, mucho se habla de cobertura y concentración institucional pero la realidad nos arroja un descenso abismal en la calidad de la educación que reciben los Colombianos, agravada por el alto índice de deserción a todo nivel por problemas sociales, políticos, de hambre, de necesidades básicas insatisfechas, de desplazamientos forzosos, de prostitución temprana y muchos otros que descalifican lo poco que se logra con el supuesto incremento en cobertura por la cuestionada gratuidad en los procesos educativos básicos.
Colombia ocupa hoy el deshonroso primer lugar en desempleo en Latinoamérica, con primacía del trabajo informal en las áreas públicas, que representa un setenta y cinco por ciento de la actividad productiva sobre todo en el área urbana, ya que lo rural se volvió incontrolable por la inseguridad, el enfrentamiento armado permanente entre los grupos alzados en armas, los narcotraficantes y las fuerzas institucionales, que ha generado el peor y más grande éxodo poblacional rural hacia las áreas urbanas, incrementando la problemática ya existente en estas con la carga de necesidades y demandas que llevan consigo.
Particularmente incalificable resulta el enfrentamiento verbal entre el Presidente Dr. Álvaro Uribe Vélez y el Ex presidente Dr. Cesar Gaviria Trujillo en el que se descalificaron ambos como gobernantes y se expresaron conceptos desobligantes sobre los resultados de gestión de cada uno al frente de su respectiva administración, eso contribuye aun más a empañar la imagen que tiene Colombia en el exterior, la que nos estigmatiza a todos los colombianos como corruptos, transgresores acostumbrados de las leyes y buenos para todo lo malo, con el consabido tratamiento de tercera que se nos da en los aeropuertos de las grandes capitales del mundo cuando llegamos a ellos.
En Derechos Humanos atravesamos el peor momento, con la mirada de todos los organismos internacionales sobre nosotros por la impunidad reinante ante las atrocidades cometidas por organizaciones que tienen hasta representación política y gubernativa, con un alto índice de muertes selectivas, de sindicalistas, de opositores al gobierno, de inocentes en falsos positivos, y muchos más que desdibujan el discurso de seguridad democrática del presidente Uribe, sin olvidar que el nuevo presidente fue su ministro de la Defensa.
Un negro panorama se ofrece ante el nuevo mandatario que nos habla de unidad nacional para gobernar, formula que, de ser cierta, sería un buen comienzo para superar esta grave crisis y comenzar a andar el camino de la Paz que tanto necesitamos como elemento básico de salvación nacional.
