El gobierno nacional, ha expresado su intención de crear un FONDO DE AHORROS para atender diversas necesidades de distintas regiones del país, loable intención teniendo en cuenta que existe un cúmulo de problemas no resueltos a lo largo y ancho del país por la carencia de recursos para ello, resultante, algunas veces, del déficit fiscal que atravesamos, y otras por el manejo que de sus recursos realizan los entes territoriales enmarcados en la ausencia de planeación en sus acciones administrativas y del flagelo de la corrupción entronizado en las mismas.
El lado malo del proyecto radica en el origen de estos recursos con los que el gobierno planea crear este ahorro, que no es otro sino las regalías que reciben los entes territoriales de todo el país que poseen riquezas minerales en explotación por empresas qué, como dádivas en contraprestación por el proceso de explotación de sus recursos naturales muchas veces no renovables, asignan por ley a estas regiones para que se beneficien con recursos que tienen una destinación preestablecida.
El señor presidente habla de destinar el 10% de estos recursos de regalías para crear y fortalecer este rubro de ahorro programado nacional, sin medir las consecuencias que ello genera para los entes territoriales hoy beneficiarios de estos recursos, que por lo regular son zonas deprimidas con enormes deficiencias en sectores como saneamiento básico, educación, salud, infraestructura vial y muchos más que se van a ver afectados enormemente por este recorte por demás caprichoso del mandatario de turno. Veamos por qué.
Si miramos el monto que alcanzan las excepciones tributarias concedidas por este gobierno a grandes empresas privadas que operan en el país y que han sido inferiores al reto de generación de empleo y despegue de la economía nacional en sus distintos sectores, nos damos cuenta que allí están los recursos que necesitamos para resolver estos problemas en las distintas regiones, pero esto es intocable porque afecta a los poderosos que aportan para las campañas políticas y benefician de manera non santa a muchos funcionarios públicos relacionados con sus actividades.
También tenemos el perfil de la seguridad, que es el mayor presupuesto en la presente administración y que no es sino una inversión en dineros para garantizar la continuidad de la guerra en vez de pensar en una gestión en humanidad para realizar acuerdos con las partes en conflicto y poner fin a más de cincuenta años de enfrentamientos intestinos que solo favorece a los comerciantes de la guerra, entre ellos los EEUU como su principal instigador y proveedor de material bélico para Colombia, y así acabaríamos con uno de los huevitos de la gallina prodiga del gobierno de la seguridad democrática.
Si el gobierno se preocupara por controlar solo una parte de los astronómicos recursos que se esfuman por la cloaca del sector salud en el país tendríamos como invertir en mejorar ostensiblemente las condiciones de vida de todos los colombianos, pero esto es intocable por ser el huevito de la gallina prodigiosa de la ley 100 y sus decretos reglamentarios.
Pero, a la luz de la administración actual, las regalías son las únicas que sufren despilfarros, desviaciones, destinaciones indebidas y apropiaciones irregulares en el ámbito de los recursos del estado y por tanto son sujeto de "salvamento" mediante la "apropiación" vía recursos de ahorro por parte del fisco nacional para darle, ellos sí, una destinación correcta y transparente, como la de los recursos de Agro Ingreso Seguro, los de la seguridad democrática, los de la salud, los de la distribución de tierras de desplazados, los de los bienes incautados y expropiados a los narcotraficantes, y como ejemplo mayor, a los recursos nacionales insertos en la contratación pública al servicio de la negociación de votos en el congreso y similares.
