Los expertos siempre han determinado que la educación es un instrumento efectivo que facilita y promociona la movilidad social. Es por ello que en una estrategia de lucha contra la pobreza, se le asigna un alto valor en el proceso de generación de ingresos que permita cerrar la brecha entre ricos y pobres de una sociedad. La educación es la herramienta adecuada para mejorar los procesos de asignación de ingresos y avanzar en la redistribución de la riqueza. La educación es creadora de oportunidades individuales y colectivas, es la gran orientadora del progreso social y del grado de conciencia que esta tiene sobre su futuro.
Cerca del 35% de la población de La Guajira se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Adicionalmente, nuestro departamento mantiene un alto grado de analfabetismo, ya que el 37% de su población se encuentra en dicha situación afectando de manera directa a las comunidades indígenas, muchas de ellas localizadas en los municipios de Uribia y Manaure. Si bien las tasas bruta y neta de escolaridad han venido aumentando, aún estas no tienen sendas repercusiones en la educación superior y en su calidad; el indicador de cobertura de educación superior sigue siendo bajo, comparado con otros departamentos.
Tratando de articular una política pública educativa que impacte cobertura, el Gobierno Departamental ha impulsado la gratuidad del sistema educativo en diferentes niveles, cosa que aplaudimos. Las cifras revelan que hemos mejorado en cobertura, pero seguimos teniendo problemas en torno de su calidad.
Los resultados que obtenemos en las pruebas de ICFES y en las pruebas anuales de SABER, indican que la calidad educativa en La Guajira no es la mejor y permanecemos en los últimos lugares del ranking sobre la competitividad de nuestro sistema escolar.
Por el lado de la educación superior, los logros no son tan evidentes. Hace algunos años fue expedida la Ordenanza 214 de 2007 relacionada con el sistema se subsidios para la educación universitaria, la cual fue reformada con la 232 de 2008. Su objetivo fue establecer un subsidio a la oferta educativa superior en La Guajira, que permitiera el desarrollo integral de nuestros estudiantes universitarios. Uno de los impactos esperados, era servir de estimulo para que establecimientos educativos de reconocidos méritos en el país pudieran llegar a La Guajira y ofrecer programas competitivos que diversificaran la oferta más allá de la que mantiene nuestra Universidad de la Guajira. Esto no se ha logrado.
Indudablemente fue un gran objetivo, pero su implementación no ha sido la mejor. En primer lugar, los subsidios no se encuentran regulados ni focalizados técnicamente. Son las universidades las que determinan indiscriminadamente quienes los reciben. El departamento es pasivo, se ha limitado únicamente a pagarlos. Las cuenta indican que los recursos que se invierten por este concepto ya suman cerca de $ 5 mil millones, sumas que van en ascenso. En segundo lugar, el subsidio no está asociado al proceso de retención del alumno en su desarrollo educativo. El subsidio se factura por estudiante matriculado y no por estudiante que finalizó el semestre, es decir, por estudiante que atendió y completó su ciclo académico. En tercer lugar, el subsidio le introduce algunos componentes de pereza fiscal al sistema de educación superior, ya que la Universidad no hace ningún esfuerzo por obtener nuevos recursos para su presupuesto, dado que el dinero lo obtiene de estos subsidios. La universidades no hacen esfuerzos adicionales para mejorar su oferta y la plata de los subsidio sigue llegando.
El inadecuado sistema de asignación, ha llevado a procesos perversos. Algunas Universidades, de la noche a la mañana y sin mediar criterios han incrementado el volumen de estudiantes. De acuerdo a informaciones que este medio tiene, muchos de los nombres que figuran en esos listados son inexistentes. Sencillamente, el sistema se presta a la corrupción.
La decisión del gobierno departamental de intervenir y redefinir el sistema de subsidios es muy valido y útil. Nuestra observación sobre como intervenirlo, está centrada en que no ha sido debatido por la población en general y mucho menos por la población universitaria interesada en mantener dichos privilegios.
Antes de aprobar o improbar la iniciativa de intervención, la Asamblea debería abrir un foro de discusión en donde participen los involucrados y los expertos, para poder determinar una nueva política pública sobre los subsidios del sistema educativo y muy especialmente sobre el de la educación superior. La política debe cambiar a partir de un nuevo consenso.
El departamento puede tener todas las razones para intervenir, desafortunadamente, se ha equivocado en cómo hacerlo. Por lo tanto, hay que abrir y sentarse a la mesa para establecer un nuevo proceso de negociación, cosa que aún no se ha hecho y por ello los estudiantes ya se encuentran en franca rebeldía frente a lo que hace o desea hacer el gobierno departamental.
