La lucha contra la delincuencia organizada transnacional, debe ser persistente, constante y apoyada indiscutiblemente por todos los gobiernos afectados; en especial, aquellos que sufren con ahínco este crimen que atenta contra la vida. En este orden de ideas, los países andinos, deben reforzar las acciones conjuntas que impulsan contra el crimen organizado.
Ecuador asumió a finales de septiembre, la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, CAN, y cuya importancia radica en que para fortalecer la arquitectura andina de seguridad subregional, se debe realizar en forma conjunta con todos países aliados al organismo; es decir, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que aunque ahora no es un miembro oficial, pero históricamente ha estado involucrado en la CAN, debe integrar el bloque de lucha, por que es un país que lo está necesitando.
La Comunidad Andina, CAN, entró en vigor con la firma del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969 y fue conocida hasta el 1996 como Pacto Andino o Grupo Andino. Es un organismo internacional de carácter económico, nacido para alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo de los países y los pueblos andinos y está compuesta por cuatro Estados andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
El Proceso Andino de Integración cuenta con órganos e instituciones que forman parte del Sistema Andino de Integración, SAI. La sede de la Secretaría General se encuentra en Lima, Perú, y la sede del Parlamento Andino en Bogotá, Colombia y además es un organismo que sirve para integrar a las naciones en la lucha contra el narcotráfico, por que comparten frontera, que además es amplia y bastante complicada, lo que es aprovechado por los grupos al margen de la ley y narcotraficantes para hacer su negocio más productivo.
Es muy importante que se ponga toda la atención necesaria y debida a los temas prioritarios que maneja la Comunidad Andina por que agrupa a casi 109 millones de habitantes, en una superficie de 3 798 000 kilómetros cuadrados, cuyo producto interno bruto nominal se estima ascendería en el 2018 a 706 903 millones de dólares; son cifras que mueven todo un tejido social compuesto por los renglones económicos, sociales y de seguridad nacional.
Tal como lo ha enfatizado el presidente Daniel Noboa, mientras un solo Estado no esté seguro, ninguno podrá estarlo plenamente; ahaora se tiene la oportunidad de constatar el camino recorrido y sobre todo de identificar los desafíos pendientes para hacer más efectiva la respuesta común.
Los delitos como el tráfico de armas, de droga y de migrantes, la minería ilegal y los delitos financieros continúan afectando directamente a los pueblos andinos ya que el crimen organizado constituye una de las amenazas más graves para la institucionalidad democrática y la convivencia en la región, por lo que la cooperación, es indispensable; además hay que subrayar de la existencia de la necesidad de que las zonas de frontera sean espacios seguros y territorios de oportunidades, crecimiento y cohesión social.
Cuando Ecuador asumió la Presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, se planteó con claridad que la seguridad subregional sería uno de los ejes prioritarios del trabajo y por ellos los Estados son los que tienen que estar presentes y para eso se tiene que trabajar en conjunto tan velozmente como el enemigo lo hace. No hay tiempo que perder.
