Los exintegrantes del gabinete del presidente Gustavo Petro fueron imputados por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Ninguno aceptó responsabilidad.
En la mañana de ayer se llevó a cabo la audiencia de imputación contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, señalados por la Fiscalía General de participar en el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Ambos rechazaron los cargos.
Ricardo Bonilla asistió de manera presencial al Tribunal Superior de Bogotá, donde reiteró su inocencia. Su defensa, encabezada por el abogado Mauricio Pava, aseguró disponer de suficientes elementos probatorios para desvirtuar la acusación. Velasco, por su parte, compareció virtualmente, mientras la Fiscalía, la Procuraduría y representantes de víctimas acudieron físicamente a la diligencia dirigida por la magistrada Aura Alexandra Rosero.
La acusación se sustentó, en buena parte, en la colaboración judicial otorgada a la exasesora María Alejandra Benavides, cuyas declaraciones han sido clave en el avance del caso. Según la fiscal María Cristina Patiño, los exministros habrían intervenido en el direccionamiento de contratos del Invías y la Ungrd a cambio del respaldo legislativo a iniciativas del Ejecutivo. La funcionaria describió lo ocurrido como un “pacto criminal” cuyo propósito era asegurar mayorías en el Congreso.
Entre mayo de 2023 y febrero de 2024, de acuerdo con la Fiscalía, se habrían orientado 74 proyectos en el Invías por más de 561.000 millones de pesos y cinco proyectos en la Ungrd por más de 40.000 millones, para un total superior a 612.000 millones. En esa operación también habrían participado Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, señalados de ejecutar las gestiones de contratación.
La fiscal Patiño detalló además episodios como la presunta instrucción de Velasco a López para asistir a un debate en la Comisión Séptima del Senado durante el trámite de la reforma pensional, con el fin de ofrecer contratos a congresistas clave, y el papel de las exasesoras del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides y Andrea Ramírez, en la elaboración y distribución de listados de proyectos que, según la acusación, buscaban beneficiar a legisladores a través de cupos indicativos.
Dentro del expediente también se menciona la intervención del senador Julio Elías Chagüi, quien habría gestionado proyectos por 15.700 millones de pesos en Córdoba, así como el cónclave realizado en el Departamento Administrativo de la Presidencia el 27 de noviembre de 2023, convocado por Carlos Ramón González. En esa reunión, según la investigación, Bonilla, Velasco y otros exfuncionarios discutieron estrategias para sacar adelante reformas del Gobierno.
La Fiscalía sostiene que los imputados actuaron como líderes de una organización destinada a asegurar apoyo parlamentario mediante el direccionamiento de contratos, y que incluso coordinaron recursos por 92.000 millones de pesos para beneficiar a seis congresistas de la Comisión de Crédito Público.
Tras la presentación del ente acusador, tanto la Procuraduría como los representantes de víctimas apoyaron la imputación. Sin embargo, la defensa de Bonilla anunció que pedirá la nulidad del cargo de concierto para delinquir, argumentando que la calificación es improcedente.
Al término de la audiencia, Bonilla insistió en que su gestión se ajustó a la Constitución y la ley, asegurando nunca haber cometido actividad ilícita. Velasco, por su parte, afirmó que los hechos no corresponden al período en que ejerció como ministro y sostuvo no tener nada que negociar con la Fiscalía. Ambos ratificaron su inocencia y anunciaron que enfrentarán el proceso judicial para aclarar lo sucedido.
