Se activó la cláusula de escape de la regla fiscal, lo cual de traduce en un mayor gasto y en un mayor déficit fiscal del Gobierno Nacional central. Se espera para 2025 un déficit de 7,1% del PIB superando los límites de la regla fiscal.
La Contraloría General de la República analizó la situación fiscal y presupuestal del país a octubre de 2025 y presentó sus observaciones preliminares al Presupuesto General de la Nación (PGN) aprobado para 2026, en las que identificó tres grandes preocupaciones que deben resolverse para evitar contratiempos en la correcta ejecución de los recursos del presupuesto.
Entre las principales preocupaciones detectadas están el cumplimiento de la meta de recaudo tributario y los bajos niveles de ejecución del gasto, la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal y la gran incertidumbre por el Presupuesto General de la Nación de 2026, ya que depende de una ley de financiamiento.
Sobre la ejecución del presupuesto a octubre de 2025 preocupa el cumplimiento de las metas de recaudo tributario y los bajos niveles de ejecución del gasto. Para el ente de control, si se compara el recaudo tributario neto a octubre de 2025 con la meta estimada por la DIAN para este mes, se presenta un cumplimiento del 95,8%, es decir una desviación de $9,8 billones por debajo del cumplimiento esperado. Para la Contraloría General, ya hay un rezago importante en el cumplimiento de la meta de recaudo tributario, y espera que se logre aumentar en lo que falta para culminar el año, apoyado en los tributos que faltan por pagar y en la recuperación económica.
Por otra parte, el órgano de control espera una mayor ejecución del gasto en lo que resta de la vigencia ya que del total presupuestado sólo se ha obligado el 67,2% a octubre de 2025. Especialmente se destaca la baja ejecución de los recursos de inversión que llegó al 46,6%, faltando dos meses para culminar el año, similar a lo ocurrido en 2024.
De persistir esta tendencia tanto en el ingreso como en el gasto, se pueden presentar altos niveles de pérdidas de apropiación y de constitución de reservas presupuestales como sucedió en 2024 reflejando una falta de eficacia en el gasto público que no se traduce en bienes y servicios públicos tan necesarios para el desarrollo del país. Por tal motivo, es importante que el Ministerio de Hacienda haga los ajustes presupuestales necesarios, antes de finalizar la vigencia fiscal, para evitar los inconvenientes descritos anteriormente.
Crecimiento del déficit fiscal en el 2025 y su perspectiva para 2026:
se activa la cláusula de escape de la regla fiscal, pero sin un plan de ajuste creíble.
Como fue revelado por el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP25) se activó la cláusula de escape de la regla fiscal, lo cual de traduce en un mayor gasto y por tanto dadas las restricciones de ingreso, aún con una futura reforma tributaria, en un mayor déficit fiscal del Gobierno Nacional central. Así, se espera para 2025 un déficit de 7,1% del PIB superando los límites de la regla fiscal. El Gobierno activó la cláusula de escape, argumentando falta de alternativas fiscales inmediatas. Esta decisión refleja la elevada rigidez del gasto público (92% del Presupuesto General de la Nación es inflexible según el gobierno) y una apuesta por mantener la demanda agregada mediante gasto público. Para 2026, se espera que el déficit fiscal total se reduzca a 6,2% del PIB. No obstante, aunque se anticipa un mayor recaudo tributario gracias a una reforma estimada en $16,3 billones y una reducción del pago de intereses por $10 billones, el déficit primario aumentaría de -1,45% a -1,97% del PIB.
Este deterioro, que ha sido criticado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, preocupa también a la Contraloría General ya que no se vislumbra un plan de ajuste para retornar a la senda de cumplimiento de la regla fiscal.
Para la Contraloría, el MFMP25 y la actualización del plan financiero de 2026 no incluyen un esfuerzo real por contener el gasto público. Aunque se mejora la gestión de la deuda, no se aprovecha esta oportunidad para reducir el gasto de funcionamiento o recortar ciertas inversiones no prioritarias. Esto pone en entredicho el compromiso del Gobierno con un verdadero pacto fiscal enfocado en la sostenibilidad a mediano y largo plazo.
