Un grupo de parlamentarios exige que el ministro Pedro Sánchez explique públicamente el operativo militar que dejó víctimas entre jóvenes, acusándolo de negligencia y falta de control.
Varios legisladores han presentado formalmente una moción de censura contra el ministro de Defensa, a raíz de un bombardeo militar en una zona rural que habría resultado en el fallecimiento de menores de edad. Los congresistas afirman que el responsable debe rendir cuentas por sus decisiones y por las posibles fallas en la operación.
Entre quienes promueven la censura está la representante Katherine Miranda, quien sostuvo que su deber como congresista es ejercer control político sobre acciones militares que pueden tener consecuencias graves cuando hay menores implicados. Según ella, el ministro debe responder por los criterios que guiaron la acción.
Explicaciones insuficientes
Otras voces también se han sumado al llamado, cuestionando la forma en la que se identificaron los objetivos del bombardeo y cómo se determinó la presencia de jóvenes en medio del ataque. Para algunos congresistas, las explicaciones oficiales hasta el momento han sido insuficientes.
Por su parte, la defensa del ministro se basa en la versión oficial de las Fuerzas Armadas, que sostiene que los menores no eran civiles, sino reclutados por grupos armados ilegales. Según esa argumentación, la acción militar estaba dirigida contra personas que cumplían funciones dentro de una estructura criminal, lo que justificaría la operación.
El ministro, en respuesta a las críticas, ha afirmado que la decisión de lanzar el bombardeo respondió a una amenaza concreta y que se evaluaron los riesgos antes de realizar la intervención, aunque reconoce la gravedad de las muertes reportadas.
Un momento clave
En medio de la presión política, algunos analistas advierten que la moción de censura podría convertirse en un momento clave para debates más amplios sobre el uso de la fuerza, la protección de los menores en el conflicto y la transparencia del Estado en operaciones militares.
Mientras tanto, la opinión pública y la comunidad internacional observan con atención el desarrollo de este proceso, que podría definir nuevos estándares en el control de las acciones del Gobierno en situaciones de alto riesgo.
