Los organizadores del paro proponen que las iglesias católica y evangélica, y organismos internacionales, impulsen un acercamiento ante el riesgo de que se genere una profunda crisis estatal.
La Paz (EFE).- Sectores oficialistas y grupos que defienden el paro indefinido por el censo en 2023 se volvieron a enfrentar durante el décimo día de la huelga general en la ciudad de Santa Cruz, la mayor región y motor económico de Bolivia.
Un nutrido bloque de transportistas y comerciantes afines al Gobierno del presidente, Luis Arce, integraron una de las varias marchas programadas para esta jornada bajo la premisa de retirar los puntos de bloqueo para restituir la circulación de vehículos.
La movilización partió de la refinería de Palmasola, al sur de Santa Cruz, con el propósito de avanzar varios kilómetros hasta llegar a la Gobernación donde estaba previsto pedir la renuncia del líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Inicialmente, los manifestantes oficialistas no tuvieron resistencia para retirar las llantas y otros objetos que se utilizaron para obstruir el paso de vehículos. Sin embargo, más adelante se toparon con un pequeño grupo que mantenía el bloqueo y al que obligaron a retirarse activando petardos.
En respuesta, un grupo de vecinos salió con palos, mangueras y petardos para dispersar la marcha oficialista.
Un escenario similar se produjo en otra marcha que partió del populoso barrio Plan 3.000, uno de los bastiones políticos del Gobierno en Santa Cruz, que también fue repelida por los grupos que respaldan el paro.