La Cámara de Representantes inició diligencias para establecer si hubo irregularidades durante el evento de ‘Paz Urbana’ en el que participaron reconocidos cabecillas criminales.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro, tras los hechos ocurridos el pasado 21 de junio de 2025 en Medellín durante el evento conocido como el ‘tarimazo’.
La diligencia hace parte del expediente No. 6992, presentado por el concejal antioqueño Alejandro de Bedout Arango, quien pidió examinar la legalidad de la presencia de varios líderes de estructuras criminales en el acto público convocado por el mandatario.
El origen del caso
El evento se llevó a cabo en el Centro Administrativo La Alpujarra, en el marco de la política de Paz Urbana, impulsada por el Gobierno nacional.
Durante la actividad, el presidente Petro invitó al escenario a varios reclusos señalados como cabecillas de grupos delincuenciales como La Oficina de Envigado y La Terraza.
Los detenidos, recluidos en la cárcel de Itagüí, fueron autorizados temporalmente para asistir al encuentro, lo que generó una ola de críticas por parte de la oposición y de diversos sectores de la opinión pública.
Avances de la investigación
La Comisión solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) remitir toda la documentación relacionada con las resoluciones que permitieron la salida de los internos.
Con estas pruebas se busca determinar si hubo irregularidades en los permisos y si el acto vulneró la normativa vigente.
El proceso aún se encuentra en etapa preliminar, por lo que no implica una acusación formal, sino una verificación de los hechos. Sin embargo, el caso vuelve a poner bajo la lupa los alcances de la política de Paz Total promovida por el Gobierno.
Contexto y reacciones
El llamado “tarimazo” generó controversia desde el momento en que se difundieron las imágenes del evento. Para algunos sectores, la participación de líderes criminales en actividades públicas representa un riesgo para la legitimidad institucional.
Por ahora, la Comisión de Acusación continuará con la recolección de pruebas antes de determinar si existen méritos suficientes para avanzar hacia una investigación formal.
