Austeridad en el gasto público

Editorial
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Sigue siendo el aspecto social una de las características de actual gobierno nacional, que siempre piensa en el bienestar general, partiendo desde las bases más necesitadas, que deben ser pilar de desarrollo del país.

Ahora  el Gobierno colombiano presentó el martes pasado un nuevo proyecto de reforma fiscal que apunta a la austeridad en el gasto público y la protección de los más vulnerables, luego de retirar la anterior iniciativa.

El presidente Duque anunció el proyecto de "Inversión Social" con el que su administración espera recaudar 15,2 billones de pesos, para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas y la reactivación y crecimiento de la economía, gravemente golpeada por la pandemia del coronavirus. Y es que la situación económica del país no es exclusiva; el mundo entero se ha visto afectado por esta pandemia en donde los gobierno han tomado medidas sociales efectivas para tenderle la mano a los más necesitados y a los empresarios, para reactivar firmemente la economía.

Lo que se tiene frente al país, ahora, es un proyecto de inversión social soportado por unas decisiones de ingresos que son suficientes en este momento para dar el paso que como sociedad merece dar.

La carga más significativa, que representa el 60 % del recaudo, se extenderá el sector empresarial, pues 6,7 billones de pesos, se recaudarán con el ajuste en la tarifa de renta corporativa y otros 3,9 billones con la disminución al 50 % del descuento del Impuesto de Industria y Comercio.

La propuesta, que será presentada formalmente en el Congreso de la República el 20 de julio, cuando se instale el nuevo periodo legislativo, es el resultado de más de dos meses de diálogos en seis regiones del país entre el Ministerio de Hacienda y distintos sectores económicos, sociales y políticos. El otro 40 % del recaudo total se logrará con una política de ahorro en los gastos públicos y la incorporación de nuevos instrumentos en la lucha contra la evasión de impuestos.

La propuesta de austeridad pública busca limitar crecimientos burocráticos, controlar gastos en planes de telefonía, viáticos, viajes y publicidad; reorganizar los esquemas de seguridad; fusionar entidades del Estado, y otros gastos que no se consideren esenciales; es decir, seguir luchando contra la corrupción que es uno de los males que acaba con el país.

Con el esfuerzo del gobierno central en austeridad en gasto público, de lucha contra la evasión fiscal y el esfuerzo solidario de los sectores empresariales por contribuir a esta iniciativa se lograra articular una propuesta que pudiera tener un recaudo del orden de 15,2 billones de pesos.

Lo más importante de esta nueva propuesta del  Gobierno es su compromiso, además,  de  no afectar a la población más vulnerable, ni a la clase media, los puntos más polémicos de la anterior propuesta fiscal, y en ese sentido no incluyó en este proyecto aumentos al IVA, impuestos a las pensiones ni la ampliación de la base tributaria del impuesto a la renta.

Otra de las grandes propuesta que ha llamado la atención, es que el primer gran consenso tiene que ver con la preocupación de los vulnerables y por esto se debe dar continuidad a los programas de subsidios vigentes para los hogares de menores ingresos, los pequeños y medianos empresarios y los jóvenes, que han recibido la ayuda gubernamental en la pandemia y que se han sostenido y  esperan su proyección futura, con la aprobación en el nuevo periodo de sesiones del Congreso de la República, que comienza el próximo martes 20 de julio.



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