En el año 2013, el expresidente Juan Manuel Santos, le asignó un presupuesto de 234.000 millones de pesos al Dane, para que realizara un censo agropecuario, con el fin de conocer la realidad del campo y tener una herramienta para la formulación de la política pública.
Dos años después (2015), el censo determinó que, en Colombia, existen 2,7 millones de productores del campo, de los cuales, el 89% no solicita créditos bancarios, no recibe servicio de asistencia agronómica, no cuenta con sistemas de riego ni maquinaria agrícola.
Es decir, tenemos 2.4 millones de productores del campo que producen el 70% de los alimentos que consumimos en el país, de manera ineficiente y con baja rentabilidad. ¿Ya ven por qué, el sector rural presenta los mayores índices de pobreza (27,3%) e inseguridad alimentaria (32,5%) del país?
Aquí surgen varias preguntas. ¿Qué pasó con los millonarios presupuestos públicos invertidos en subsidios y programas de ayuda al campo?. ¿A quiénes favorecieron con esos dineros públicos? ¿Por qué se siguen utilizando esos mecanismos perversos de incentivos? Y ¿Por qué los gremios agrícolas, el Congreso y la Contraloría General de la República guardan silencio? Ojalá le den una respuesta rápida a los agricultores y ganaderos del país. Es muy evidente que durante los últimos años, los subsidios al sector agropecuario han sido entregados con criterios políticos, de forma arbitraria e injusta. No tienen en cuenta, por ejemplo, la buena gestión de unos, frente a la mala gestión de otros: Igualan a todos por abajo.
Es ni más ni menos, lo que viene sucediendo con los subsidios de tasa de interés y seguro agrícola, que otorga Finagro; con los incentivos de almacenamiento de arroz y semillas que se entregan a través de la Bolsa Mercantil de Colombia; con los recursos de cofinanciamiento del Fondo de Fomento Agropecuario del ministerio de Agricultura (el cajero automático de los políticos); con los dineros públicos para compra de predios rurales que luego son arrendados o vendidos a terceras personas; con la cofinanciación de proyectos improductivos de asociaciones de papel que patrocina la Agencia de Desarrollo Rural y con algunos recursos de cooperación internacional. Ninguno aguanta una auditoría externa.
Para eliminar este despilfarro de dineros públicos, es necesario que el ministerio de Agricultura, oriente los subsidios inteligentemente. Es decir, enfocarlos como un instrumento de política pública que promueva mayores niveles de productividad agropecuaria y proteja las rentas de los productores ante los riesgos climáticos, fitosanitarios y la volatilidad de los precios de mercado. Un subsidio inteligente que se entregue para mejorar la productividad de las explotaciones agrícolas familiares y empodere a los productores del campo para resistir la agresiva competencia de esta economía globalizada.
Un subsidio inteligente, enfocado a fomentar la adquisición de nuevas tecnologías de producción, garantizar el servicio de buenas prácticas agrícolas, incentivar las coberturas de riesgos y mejorar las condiciones financieras de créditos condicionados a la compra de ciertos insumos, equipos, maquinaria e inversiones en adecuación de las fincas con riego, drenaje y enmiendas. Un subsidio inteligente que, en vez de incrementar los holgazanes en este país, aumente el empleo, reduzca la pobreza y preserve la seguridad alimentaria. ¿Me siguen?
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