La entidad activará alertas tempranas y seguimiento a la contratación estatal para impedir que dineros públicos sean utilizados con fines electorales. También trabajará en articulación con otros organismos de control.
La Contraloría General de la República anunció el fortalecimiento de su vigilancia fiscal preventiva de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del 2026. El objetivo es evitar que recursos públicos sean destinados a actividades con fines proselitistas durante el periodo electoral.
De acuerdo con el organismo de control, se han identificado picos significativos en la firma de contratos y convenios interadministrativos antes de que entren en vigencia las restricciones de la Ley 996 de 2005. Solo en septiembre de 2025 se registraron contrataciones por $4,0 billones, mientras que en octubre la cifra fue de $3,5 billones.
Ante este comportamiento, la Contraloría activará un sistema de alertas tempranas para advertir sobre posibles riesgos y prevenir la desviación de fondos públicos en campañas políticas.
Seguimiento preventivo a la contratación
El seguimiento se realizará mediante el Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo, que permite monitorear en tiempo real la contratación pública, la nómina estatal, la ejecución presupuestal y los subsidios en todo el país. La herramienta cruza datos de sistemas como SECOP I y II, el Registro Único de Aportantes y plataformas del Ministerio de Hacienda y el DNP.
A partir del 8 de noviembre de 2025, la Contraloría empezó a vigilar que no se firmen convenios interadministrativos para ejecutar recursos durante el periodo de restricciones electorales. Posteriormente, desde el 31 de enero de 2026, el monitoreo se extenderá a la contratación directa, otra modalidad frecuentemente utilizada en época preelectoral.
El organismo también verificará incrementos inusuales en contratos de prestación de servicios, transferencias excepcionales a entidades territoriales y posibles contratistas que superen los topes permitidos en la financiación política.
Trabajo conjunto con otros organismos
Para fortalecer el control, la Contraloría anunció coordinación con la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral. El propósito es intercambiar información y alertas cuando se detecten movimientos atípicos en el gasto público.
Según el seguimiento realizado durante el 2025, los valores más elevados en contratación interadministrativa coinciden con los meses previos al inicio de las restricciones establecidas por ley, lo que refuerza la necesidad de vigilancia oportuna.
En el caso de la contratación directa, los mayores montos se registraron en los primeros meses del año $12,5 billones en enero y $15,2 billones en febrero, sin variaciones atípicas en el periodo previo al proceso electoral.
Líneas abiertas para denuncias ciudadanas
La Contraloría recordó que este modelo tiene un enfoque preventivo y no sancionatorio. Por ello, invitó a la ciudadanía a reportar cualquier posible irregularidad en el uso de recursos públicos.
Con estas acciones, la entidad aseguró que busca fortalecer la transparencia en la administración pública y garantizar que la contienda electoral del 2026 se desarrolle bajo principios de legalidad y equidad.
