El Ministerio del Trabajo canceló oficialmente la inscripción sindical de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), una medida que marca un nuevo revés para los jugadores en un momento de alta fricción con los directivos del fútbol nacional. La cartera laboral tomó esta determinación después de que el Tribunal Superior de Bogotá concluyera que la entidad no cumplía los requisitos mínimos para constituirse como sindicato.
Según la sentencia que antecedió la decisión, Acolfutpro no alcanzaba el número mínimo de afiliados exigidos por la ley para organizaciones sindicales de carácter profesional. Además, el documento de constitución evidenciaba más características de una asociación civil sin ánimo de lucro que de un sindicato formalmente establecido.
Un golpe jurídico
con impacto deportivo
La cancelación del registro supone que Acolfutpro pierde su reconocimiento oficial como sindicato ante el Estado, un hecho que debilita su capacidad para representar a los futbolistas en eventuales negociaciones colectivas o reclamaciones laborales. La determinación llega en medio de un ambiente tenso: en las últimas semanas, varios jugadores han expresado inconformidades frente a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Dimayor por aspectos contractuales y de bienestar deportivo.
El gremio atraviesa un momento decisivo, marcado por protestas y discusiones públicas sobre la necesidad de mejores garantías laborales en los clubes profesionales.Debate sobre la organización de los jugadores
Aunque la cancelación del registro no implica la desaparición de la asociación, sí obliga a replantear su estructura jurídica si desea recuperar estatus sindical. Para expertos en derecho laboral, el caso abre un debate sobre los modelos de representación de los deportistas profesionales en Colombia y la importancia de definir figuras que respondan a las condiciones reales de la industrial del fútbol.
Mientras tanto, la determinación deja a los futbolistas sin un sindicato reconocido, justo cuando el sector enfrenta retos administrativos, económicos y de gobernanza.
El informe de la Defensoría plantea además la necesidad de fortalecer la institucionalidad local para la gestión del riesgo con un enfoque de derechos humanos y de reconocer la historia de Armero como un caso de desplazamiento forzado causado por un desastre natural. "Las pérdidas no solo fueron materiales, económicas y culturales, sino de vidas humanas, de familias rotas y de una memoria colectiva que aún busca reconstruirse", concluyó Marín. EFE
