Desde el 3 de noviembre, se han mantenido bloqueados los accesos al Complejo Ballena, en el municipio de Manaure, y esto ha encendido las alarmas en el sector energético del país. Hocol, filial del Grupo Ecopetrol, advirtió que la situación podría afectar el suministro de gas para el norte y el centro de Colombia, debido a la imposibilidad de operar con normalidad en esta infraestructura estratégica.
La compañía informó que los cierres, liderados por miembros de la comunidad de Carrapiñapule, impiden el ingreso de personal, alimentos e insumos indispensables para el funcionamiento del complejo. Esta restricción también ha derivado en retrasos de mantenimiento y en la afectación de las actividades diarias del campo gasífero.
Riesgos para trabajadores y operación del sistema gasífero
Hocol señaló que 26 trabajadores permanecen dentro de las instalaciones y que su integridad física se ha visto comprometida por la imposibilidad de garantizar su movilidad. La empresa activó protocolos de emergencia para proteger al personal y evitar incidentes ambientales u operativos que puedan comprometer la estabilidad del suministro.
El Complejo Ballena opera bajo el contrato de Asociación Guajira, donde Ecopetrol participa con el 53% y Hocol con el 47%. Este campo aporta cerca de 70 millones de pies cúbicos diarios, un volumen fundamental para abastecer a diversos departamentos del norte y el centro del país. Si los bloqueos continúan, la compañía advierte que tendría que apagar los pozos, lo que impactaría directamente la demanda nacional.
Exigencias comunitarias y llamado a las autoridades
Según el comunicado, las solicitudes de los manifestantes están relacionadas con compromisos del Estado frente a temas de agua potable, educación, transporte escolar y reconocimiento de autoridades tradicionales. Hocol reiteró que ha cumplido sus obligaciones en el territorio, pero recordó que no puede asumir responsabilidades propias de las instituciones públicas llamadas a responder.
La empresa hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la gobernación de La Guajira y a la alcaldía de Manaure para garantizar la movilidad de los trabajadores y restablecer el acceso a esta infraestructura clave. También reafirmó su compromiso con las comunidades Wayuu y con la operación segura y estable del servicio de gas en Colombia.
