La alta corte dejó sin validez la designación del funcionario, al considerar que ya existía un rector elegido y que se aplicó de manera incorrecta la Ley 1437 de 2011.
El Consejo de Estado tomó una decisión clave para el futuro administrativo de la Universidad Nacional de Colombia al declarar la nulidad del acto que designó a Leopoldo Alberto Múnera Ruiz como rector para el periodo 2024-2027. La resolución anulada, emitida el 6 de junio de 2024, había oficializado su nombramiento pese a que ya existía un rector electo.
La alta corte determinó que la universidad incurrió en una aplicación errónea del artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, norma que permite corregir actos administrativos antes de que sean definitivos. Para los magistrados, este procedimiento no era aplicable en este caso, pues el 21 de marzo de 2024 ya había sido elegido un rector: José Ismael Peña Reyes. En consecuencia, la elección de Múnera carecía de validez jurídica.
Una decisión que reabre el debate institucional
La anulación del nombramiento reactiva la discusión sobre la autonomía universitaria y los procesos internos de elección en la institución. El fallo produce efectos inmediatos sobre la estructura directiva de la Universidad Nacional y deja en entredicho las decisiones que surgieron a partir de la resolución ahora anulada.
Aunque el Consejo de Estado no se pronunció sobre quién debe asumir de forma inmediata la dirección del claustro, la sentencia sí deja clara la existencia de un rector legítimamente elegido previamente, lo que obliga a la institución a revisar su ruta administrativa, jurídica y estatutaria.
Implicaciones para la comunidad universitaria
Con la decisión, distintos sectores de la comunidad académica deberán enfrentar un nuevo escenario. El fallo podría generar ajustes en la toma de decisiones, continuidad de proyectos y planes de gobierno universitario. También se prevé un debate interno sobre los límites de la interpretación normativa y el alcance de los órganos de gobierno de la universidad.
Mientras la institución analiza los pasos a seguir, el caso se convierte en un nuevo capítulo sobre la gobernanza universitaria y la importancia de garantizar procesos de elección claros, transparentes y ajustados a la ley.
