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Editorial
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La violencia no da tregua; por el contrario, arrecia día a día en forma lamentable, situación que tiene asustada a la población colombiana, ya que se vive un inusitado aumento en los actos de terror por parte de la delincuencia común y de bandas del narcotráfico que en los últimos días han cometido varias matanzas y que, a diferencia de la del conflicto armado, ocurre no solo en las zonas rurales, sino, ahora en los centros urbanos, para mayor preocupación.

La aparición de cuerpos desmembrados en Bogotá, catorce masacres cometidas en poco más de un mes y atracos múltiples en lugares concurridos son algunos de los crímenes que tienen azotado al país que aún no conoce con claridad cuál va a ser la política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro, que asumió la Presidencia, el pasado 7 de agosto.

Entre el sábado y hasta la fecha de ayer, cierre de esta edición digital, la violencia dejó 14 muertos en dos hechos ocurridos en Barranquilla y en el municipio de Landázuri, en el departamento de Santander. En esta última localidad, un profesor, su esposa y sus dos hijos fueron asesinados en su propia casa por delincuentes, cuatro de los cuales fueron a su vez linchados por vecinos de las víctimas.

Los colombianos no saben hasta donde llegará el perdón social de la propuesta presidencial durante la campaña del actual gobierno y la propuesta de reparación inmediata del ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, por lo que se preguntan si estos hechos ocurridos, van a tener estas bondades jurídicas que ofrecieron el Presidente Petro y el Ministro Osuna.

Lo primero que se debe hacer para enfrentar este problema es definir cuál es la política de seguridad ciudadana urbana, para que los ciudadanos de bien sepan a que deben atenerse en cuanto a su protección personal, familiar y de bienes muebles e inmuebles.

En referencia a esta última aseveración los magdalenenses no deben irse muy lejos en referencia a la protección de sus bienes; el municipio de Plato, es en la actualidad un ejemplo de la falta de políticas de  seguridad y que ha dado pie  a que más de 400 invasores estén ahora asentados en propiedades privadas productivas para los habitantes del municipio y de beneficio de los magdalenenses.

Todas estas situaciones, cuya base es la violencia, se generan también gracias a que hasta momento no se conoce un solo pronunciamiento de fondo del ministro de Defensa, Iván Velásquez, frente a ese tema; inclusive, cuando el ministro estuvo de visita en Santa Marta, la semana pasada para tratar de solucionar la violencia que azota a nuestro departamento, la ciudadanía quedó perpleja cuando el Ministro se fue de la ciudad sin ofrecer ninguna clase de garantías para la vida de los magdalenenses y peor aún, sin expectativas de generar acciones para enfrentar los momentos difíciles que vive el Magdalena.

La violencia se ha recrudecido en las últimas semanas en el país a pesar de la ambiciosa iniciativa de Petro de lograr una paz total con los grupos armados ilegales, que no quieren se igualados a los clanes criminales y piden un trato diferencial. Esta  propuesta de paz total,  crea desafíos gigantescos a la hora de articular a todas las entidades encargadas de generar oportunidades en las zonas donde hoy la delincuencia es la única alternativa para que las personas encuentren su sustento.

Nuestro departamento y los de la Costa Caribe, generan trabajo y comercio, ofrecen oportunidades de creación de emprendimientos y todo ello dirigido al desarrollo de la región que ahora está amenazada, no solo por el alto de índice de violencia que vive el país en el último mes y medio, sino también porque   ha fallado la inteligencia, la justicia y también ha fallado la articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales.



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