La mayoría de los países latinoamericanos se enfrentan a una crisis en materia de seguridad que se ha visto agravada en los últimos meses con inquietantes demostraciones de que el crimen organizado está ganando terreno debido a la inacción de los gobiernos y la falta de políticas públicas decididas a resolver un problema que amenaza con socavar la convivencia ciudadana y la institucionalidad democrática.
El narcotráfico es común denominador de los países de la región y causante de la mayoría de los homicidios, ejecutados por los sicarios, pero a este flagelo se suman ahora la trata de personas, el tráfico de armas y migrantes, y el aumento de la extorsión, problemas todos ellos que hacen que la inseguridad se haya convertido en uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos; está claro que América Latina vive un retroceso en materia de seguridad, que se profundizó con la pandemia del coronavirus.
Aunque países como Brasil, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Argentina y Venezuela registraron un descenso de homicidios durante 2022, la criminalidad sigue siendo un quebradero de cabeza para las autoridades.
En Venezuela, por ejemplo, delitos como la extorsión, la trata de personas, los feminicidios y los abusos sexuales están cobrando mayor virulencia y en Panamá se han registrado casos nunca antes vistos como el desmembramiento de víctimas o el ataque sicarial dentro de una escuela, que le costó la vida a un joven de 15 años en la región de Colón en octubre pasado.
En Costa Rica la situación se ha vuelto preocupante porque el año pasado se registraron 656 homicidios, un 11 % más que en 2021, alcanzando la cifra récord, por encima de los 603 registrados en 2017; 6 de cada 10 homicidios cometidos en esta nación centroamericana durante 2022 estuvieron relacionados con el ajuste de cuentas por narcotráfico.
En Chile, la percepción ciudadana es que la inseguridad se ha disparado a un nivel inmanejable, pero las autoridades aseguran que el número de delitos no ha aumentado con respecto a años anteriores, aunque sí reconocen que son más violentos. Por decirlo de forma simple, si se sale hoy día a la calle es menos probable que lo asalten que hace diez años, pero es mucho más probable que el asaltante tenga un arma y esté dispuesto a usarla.
Para hacer frente a la violencia y el crimen, en Ecuador se han decretado hasta diez estados de excepción en menos de dos años desde la llegada al poder del conservador Guillermo Lasso, mientras que en El Salvador una medida similar decretada por Nayib Bukele, ya completó un año con serios cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos, algo que no parece preocupar al mandatario.
En Honduras, también rige desde diciembre pasado un estado de excepción, y aunque su aplicación comenzó en las dos ciudades más importantes, Tegucigalpa y San Pedro Sula, ya se ha extendido a 123 de los 298 municipios.
Consideran medida excesiva la militarización del territorio, como sucede en México, donde hay más de 92.000 elementos en tareas de seguridad pública, una dotación que ha ido creciendo a lo largo de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
En tanto, la estrategia de saturación policial aplicada en Argentina, consiste en poner figurativamente un policía en cada esquina, da réditos, pero no necesariamente arregla el problema. Como tampoco lo hace la flexibilización en el porte de armas decretada recientemente en Ecuador. Estas son estrategias fallidas que en algunos países de América Latina, Europa o en Estados Unidos se han demostrado como perversas y tóxicas y no resuelven de fondo el problema de la inseguridad.
En Brasil, con el retorno de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia se recuperó el programa de seguridad impulsado en sus dos mandatos anteriores, 2003-2010, con el que pretende reducir la violencia y aumentar la presencia del Estado en las periferias de las ciudades a través de programas sociales, una estrategia que supone un cambio radical en relación con la política del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.
También cabe destacar los cambios en materia normativa en Paraguay, cuya Cámara de Senadores sancionó en marzo pasado un proyecto de Ley que modifica varios artículos del Código Penal e incorpora el sicariato como un hecho punible. El debate en el Legislativo comenzó en junio de 2022, semanas después del asesinato en Colombia del fiscal antimafia paraguayo, Marcelo Pecci.
Si bien se necesitan más reformas de los cuerpos policiales, que sean dirigidos con pensamiento estratégico y con el involucramiento de diferentes instancias civiles del Estado, la academia y las organizaciones de la sociedad civil, éstas no pueden suponer dejar las manos libres a los cuerpos policiales para que ejerzan un mayor uso de la fuerza, como ocurre con la polémica ley "Naím-Retamal" aprobada recientemente en Chile.
El fracaso en implementar estas reformas podría resultar en una década perdida en materia de seguridad en América Latina.
