La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha anunciado el nombramiento de un experto en derechos humanos para investigar el supuesto "entrampamiento" al disidente de las Farc, Jesús Santrich.
Esta designación surge a raíz de la denuncia presentada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra funcionarios de la Fiscalía General de la Nación durante la administración de Néstor Humberto Martínez.
Durante la reciente sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se dio a conocer que el experto internacional en derechos humanos será responsable de identificar y verificar los obstáculos que dificultan la implementación del acuerdo de paz de 2016, especialmente aquellos señalados por la JEP en marzo de 2023.
Aunque la resolución de la ONU no menciona directamente el caso de Jesús Santrich, se refiere a la denuncia presentada por la JEP contra los funcionarios de la Fiscalía General, acusados de ocultar información a la jurisdicción, lo que habría llevado a la no extradición de Santrich, quien posteriormente desertó y formó parte de la disidencia conocida como Segunda Marquetalia.
La denuncia de la JEP se basa en una investigación interna y en un estudio forense realizado por una firma de abogados inglesa, que habrían revelado múltiples irregularidades.
Entre los funcionarios denunciados se encuentra Ana Fabiola Castro Rivera, exdirectora de asuntos internacionales de la Fiscalía, acusada de negar acceso a pruebas importantes para la JEP durante el análisis de la extradición de Santrich en mayo de 2018.
El canciller Álvaro Leyva había solicitado previamente al Consejo de Seguridad de la ONU la creación de una comisión internacional de investigaciones o un grupo de expertos independientes para fortalecer el proceso de paz, argumentando que este se había visto afectado por acciones que obstaculizaron su avance.
Con el nombramiento de este experto por parte de la ONU, se espera que se esclarezcan los hechos y se puedan superar los obstáculos que han surgido en torno a la implementación del acuerdo de paz de 2016.
El objetivo principal es garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos en el marco de este proceso histórico para Colombia.
